La partera de la imposición

John M. Ackerman

El Instituto Federal Electoral (IFE) una vez más insiste en negar lo obvio. De acuerdo con los consejeros electorales, la existencia de un mercado negro de entrevistas, coberturas y comentarios en los medios de comunicación electrónicas no sería más que una fantasía de un grupo de malpensados. El jueves pasado exoneraron a Enrique Pena Nieto de cualquier responsabilidad en la evidente manipulación mediática que lo ha impulsado desde hace siete años. Así, la autoridad pavimenta el camino tanto para una validación apresurada de la elección presidencial como para la consolidación del autoritarismo mediático que hoy nos malgobierna a todos.



A raíz de las investigaciones de Jo Tuckman, de The Guardian, y Jenaro Villamil, de Proceso, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) presentó el pasado 9 de junio una queja ampliamente documentada al IFE que pide sancionar al candidato presidencial del PRI por cometer un sistemático “fraude a la ley” con la adquisición ilegal de espacios en radio y televisión para promocionar su imagen y apuntalar su campaña presidencial. En su queja, el PRD trae a colación la irregular transmisión a escala nacional de los espots del quinto informe de gobierno de Peña Nieto en el estado de México, la factura de un millón 150 mil pesos expedida al gobierno del estado de México por los “comentarios” de Joaquín López Dóriga y Óscar Mario Beteta, así como “entrevistas” sumamente sospechosas, como la otorgada por Maxine Woodside a Peña Nieto en Radio Fórmula el pasado 18 de abril, entre otros casos.



Pero en lugar de tomar en serio las acusaciones y emprender una amplia investigación para esclarecer la realidad de los hechos, los consejeros electorales prefirieron columpiarse por las ramas y dar clases de impunidad. En los dos meses y medio que tomó para supuestamente estudiar el caso, el IFE no fue capaz de requerir el testimonio de ninguno de los periodistas mencionados, solicitar los gastos en materia de comunicación social del gobierno del estado de México o investigar empresas como Grupo Tv Promo o Radar, que estarían involucradas en la triangulación de recursos hacia las principales televisoras.



De acuerdo con el IFE, no hacía falta indagar más allá porque “los indicios aportados por el PRD no descansan en alguna prueba cierta e inconmovible, por lo que estos hechos endebles de los que se queja no puede producir inferencia válida alguna, máxime si se encuentran controvertidos a través de diversos medios de convicción”. En otras palabras, supuestamente no existiría base alguna para siquiera sospechar que podría haber un mercado negro en los medios electrónicos. De acuerdo con los consejeros, Tuckman, Villamil y las docenas de otros periodistas y expertos que han documentado graves irregularidades en la materia no son más que una bola de mentirosos. En contraste, la autoridad confía ciegamente en los desmentidos de los medios electrónicos que “controvierten” lo afirmado por el periodismo nacional e internacional.



El consejero Benito Nacif demostró con particular claridad este doble estándar durante la sesión pública del IFE el jueves pasado. Por una parte, descalificó la queja del PRD, por estar basada en “notas periodísticas, libros, artículos, etcétera, que tienen una validez limitada como simples indicios”. Pero por otro lado, eleva como verdad irrefutable los dichos precisamente de otro periodista, Carlos Loret de Mola, quien “manda una carta aclaratoria, negando las afirmaciones que se le atribuyen, poniendo en contexto lo que sí dijo y claramente desvirtuando ese indicio que llevaría a una posible admisión de algún esquema de compraventa de tiempos en radio y televisión con fines electorales”.



Queda evidenciada la parcialidad del IFE. Solamente los periodistas avalados por el régimen serían creíbles. Los otros pueden irse a sus casas.



Para justificar sus desmanes, los consejeros dicen que supuestamente defienden “la libertad de expresión” y la “presunción de inocencia” e imponen toda la carga de la prueba a los denunciantes. De acuerdo con su muy particular visión de la realidad nacional, habría que suponer que el periodismo se ejerce de manera libre e independiente en el país y solamente podrán empezar a investigar si se les presentan datos “inconmovibles” de que esto no sea el caso.



Pero cualquier ciudadano en su sano juicio supondría precisamente lo contrario. Todos los estudios internacionales más importantes en la materia señalan a México como uno de los países más difíciles para ejercer el periodismo libre, por presiones tanto del narcotráfico como del gobierno, y con una de las concentraciones de propiedad más altas en la materia. Y no podemos olvidar que el manejo de jugosas concesiones de radio y televisión no es principalmente un servicio social, sino un negocio para sus dueños. Esto queda particularmente claro a raíz de los escándalos recientes.



En este contexto, es francamente irresponsable presumir que el dinero y la política no tendrían influencia en los medios. Con su indolencia, el IFE avala el estado actual de manipulación mediática y pone más leña al creciente fuego de la inconformidad social.



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