Ciudad ¿progresiva?

Bernardo Bátiz V.

C

omo abogado y ciudadano me alegra que la primera sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal haya frenado, aun cuando sea tardíamente y no en forma definitiva, la construcción de uno de los gigantescos edificios, que los llamados desarrolladores levantan en el predio que alguna vez fue parte de las tierras del antiquísimo pueblo de Xoco (lugar de árboles de texocote). Se trata de un conjunto faraónico y un gran negocio para unos pocos; siete edificios de muchos pisos, alguno de más de 60, que están prácticamente encima, rodeando, aplastando, encerrando, a la comunidad de uno de los pocos pueblos prehispánicos que subsisten en medio de avenidas y viaductos sin ser ahogado por las áreas urbanas, que conserva su fisonomía y características que lo identifican por su traza peculiar, una pequeña capilla de principios del siglo XVII, su camposanto, sus fiestas y costumbres.

Alienta conocer, gracias a los reportajes en La Jornada de Alejandro Cruz Flores y otros reporteros que han seguido de cerca este asunto, que la resolución se dictó desde mayo, que el fondo de la determinación radica en declarar nulo un acto jurídico de la Secretaría del Medio Ambiente, llamado MIA, que no es otra cosa que una Manifestación del Impacto Ambiental, clave para otorgar la licencia para la construcción del conjunto llamado pretenciosamente Ciudad Progresiva.

El negocio inmobiliario funda su prestigio y su propaganda en el términoprogreso, que tanto para los científicos de tiempos de Don Porfirio como para los tecnócratas de hoy, ha sido pretexto para amasar grandes fortunas a costa del bien común y de la naturaleza.

El poderío de las empresas dueñas del proyecto, augura que intentarán todo, lo mismo con abogados que con coyotes, para que se revoque la resolución de esa valiente primera sala del Tribunal Contencioso. Digo esto porque los reportajes sacan a la luz el fondo del asunto: una misma persona, Alejandro Nyssen Ocaranza, era simultáneamente director de Regulación Ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente y socio fundador de la empresa que hizo el estudio que facilitó la aprobación del discutido megaproyecto.

La resolución que detuvo la obra frena un futuro caos urbano. Levantar siete grandes edificios en el corazón de una zona popular, ya de por si con problemas de agua, tránsito, recolección de basura y otros, multiplicará al máximo los conflictos y afectará la vida de los vecinos; un estudio imparcial y honrado del impacto ambiental habría en su momento impedido que la obra se iniciara.

La delegación Benito Juárez ya no soporta más el incremento, rodeado de suspicacias de corrupción, de una densidad de población que crece sin plan ni concierto. Los vecinos se quejan con razón de que en predios donde había una o dos casas unifamiliares, de la noche a la mañana, sin estudios sólidos y serios, aparecen edificios y conjuntos para decenas de familias. La acción de la primera sala es un ejemplo de cómo detener ese fenómeno en el que se transparenta complicidad de funcionarios y codicia de los negociantes de vivienda, que sin escrúpulo alguno lucran con una necesidad que debe resolverse con medidas de descentralización urbana y mejor planeación.

Esperamos que quienes revisen la sentencia, tengan la gallardía y la honestidad de los magistrados que resolvieron, apegados a derecho, en defensa del pueblo y no de los intereses de las grandes empresas.

Augusto Comte, el padre del positivismo, proponía como fin de la historia y solución de los problemas humanos, el progreso y la ciencia, pero un progreso unido a otros valores sociales; su pensamiento se resume en el conocido lema amor, orden y progreso.

El progreso que pregonan los constructores de esta ciudad progresiva, propicia desorden y abuso contra los débiles y alienta la división y los conflictos.

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