México SA

Vigentes, salarios de hambre

Constitución: la letra muerta

Poder adquisitivo pulverizado

Carlos Fernández-Vega

D

ivulgada la propuesta de Miguel Ángel Mancera en torno al urgente incremento al salario mínimo, el gobierno federal y amigos que lo acompañan responden, por llamarle así, con la misma cantaleta: primero el aumento de la productividad y después, si hay tiempo, se estudiará eventuales cambios al mini ingreso.

Pues bien, recién salido del horno, el Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM) de la UNAM adelanta a México SA su análisis El salario mínimo en México: de la pobreza a la miseria, en el que destaca que el mini ingreso pagado por los empresarios y aprobados por el gobierno claramente no alcanza para cubrir lo que obliga el artículo 123 constitucional, de tal suerte que ambos han violado sistemáticamente la carta magna desde hace al menos cuatro décadas; para ellos es letra muerta.

La crisis de la política salarial, sostenida por sectores oficiales y patronales, y la constante pérdida del poder adquisitivo, sólo incrementaron la pobreza y el deterioro económico y social en el país. “Varios de los argumentos para mantener el crecimiento del país mediante bajos salarios y exigir productividad -argumentos impulsados en instancias internacionales y de varios ex secretarios del trabajo- han colocado a las familias de los trabajadores en la precariedad laboral y en la informalidad, formando parte importante de la situación insostenible para la población trabajadora”.

Tal situación se encuentra vinculada con el ahorcamiento cada vez mayor de la economía mexicana: bajos salarios, altos niveles de desempleo e informalidad, la expulsión de población en forma de migración laboral y el paso de la pobreza a la miseria generalizada. Ahora dicen que aumentar los salarios mínimos incrementaría la economía informal, pero ¿qué no sin el aumento salarial correspondiente la economía informal ha crecido hasta constituir hoy el 60 por ciento de la población ocupada?

El incremento salarial no debería ser un tema de discusión, subraya el CAM, pues un Estado sano debe garantizar el bienestar de su población, lo que no sucede en México. Resulta polémico debido al mar de argumentaciones que giran en torno de las diversas posiciones políticas de los intelectuales y funcionarios, pues cada una de éstas tiene un sentido de clase. Así aparecen argumentos en contra del aumento salarial, el más conocido es que generaría inflación. Este es un argumento ideológico pues en las cuatro décadas en que los precios han aumentado mucho más que el salario no ha habido de su parte una sola queja. Además, como contraejemplo, en los años 2001 y 2005 el aumento al salario mínimo fue mayor, de acuerdo a fuentes oficiales, que el aumento del índice nacional de precios al consumidor y no constituyó una causa de inflación.

Y finalmente, están quienes afirman que un incremento salarial debe condicionarse por un incremento en la productividad. Al respecto, detalla el CAM, no son los empresarios quienes deberían exigir un incremento de la productividad; más bien son ellos quienes le adeudan históricamente a los trabajadores en México sus beneficios. Por ejemplo, de acuerdo con datos de la Encuesta Industrial Mensual para varios años, tan sólo de 1993 a 2008 la productividad de los trabajadores de la industria manufacturera aumentó 83.5 por ciento, mientras su salario lejos de aumentar en términos reales, tuvo una disminución año tras año. Pero no sólo el crecimiento de la productividad de los trabajadores de la industria manufacturera en México, comparado con el de países como Estados Unidos, Canadá o Japón, ha sido de los más altos y a cambio la política salarial no ha hecho otra cosa que deteriorar sus niveles de vida en todo este periodo.

El debate que impulsan gobernantes, empresarios y sus teóricos a modo no hace más que exhibir su ignorancia y desprecio por la condición real de las clases trabajadoras, pues es el trabajo de éstas el que ha generado todas sus riquezas y los sueldos exuberantes de los gobernantes, mientras la población en general se hunde en la miseria. Desde arriba todos quieren pronunciarse y sin embargo nadie le pregunta a quienes son los verdaderamente afectados: los trabajadores y trabajadoras.

Uno de los mayores problemas que día a día afrontan las familias mexicanas es llevar los alimentos a su mesa. Los responsables de cada hogar deben decidir entre calidad, cantidad, precio y hasta lugar, preguntándose ¿qué alimento voy a dejar de comprar para que me alcance? De 1987 a la fecha, el precio de la canasta alimenticia recomendable (CAR) registra un incremento acumulado de 4 mil 773 por ciento, mientras el salario creció 940 por ciento, lo que significa que los alimentos han aumentado en una proporción de cuatro a uno, en comparación con el incremento a los salarios mínimos.

Sólo en los últimos cuatro meses el precio de la CAR se incrementó 4.1 por ciento, pues pasó de costar 184.96 pesos en abril, a 192.52 pesos en agosto. A este ritmo, es posible que el incremento al salario mínimo promulgado por la Conasami para todo 2014 haya sido rebasado por la inflación en los primeros cuatro meses de este año, por lo que el resto se acumula a la pérdida histórica de poder adquisitivo. “Esta situación se ha repetido cada año desde al menos 1987, en que el salario presentó aumentos nominales menores al de los precios de los alimentos por lo que la pérdida acumulada del poder adquisitivo es ahora de 78.66 por ciento.

Si sólo se considera lo que va de la administración de Enrique Peña Nieto, el precio de la CAR aumentó 20.66 pesos, pasando de 171.86 a 192.52, mientras que el salario mínimo sólo aumentó 2.53 pesos, lo que constituye una pérdida del poder adquisitivo del 7.24 por ciento en menos de dos años.

Las rebanadas del pastel

Tras ocho largos años de batalla, el Poder Judicial declaró a Napoleón Gómez Urrutia plena y absolutamente inocente de todos y cada uno de los falsos delitos fabricados por la sucia mancuerna formada por el poder económico (con Germán Larrea a la cabeza) y el político (Fox y Calderón de la mano, sin olvidar al inenarrable Javier Lozano). Sin duda constituye un enorme triunfo del dirigente minero y de su equipo de abogados, pero ¿quién resarcirá el daño a él y a su familia, y quién castigará a los verdaderos promotores y culpables de esta infame persecución? ¿Simplemente le diránya se puede retirar? En vía de mientras, los organizadores de tan perversa campaña ya no saben qué ungüento aplicarse en el cuerpo para aminorar el insoportable ardor que en ellos provocó la sentencia absolutoria.

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