Pedro Miguel
P
or medio del procurador Murillo Karam el gobierno de Peña Nieto lleva cuatro meses tratando de circunscribir a Iguala (y a Cocula, si acaso) los asesinatos y desapariciones de estudiantes de Ayotzinapa perpetrados el 26 de septiembre del año pasado. Sin embargo, el caso ha llegado hasta Ginebra, donde sesiona el Comité sobre Desapariciones Forzadas de la Organización de Naciones Unidas. Hasta allá han llegado algunos de los padres de los 43 muchachos desaparecidos para aportar su testimonio y su exigencia de justicia, acompañados por los centros de Derechos Humanos Tlachinollan y Miguel Agustín Pro Juárez y por Amnistía Internacional. Es el más reciente capítulo en la internacionalización del episodio de Iguala, pero no el primero. A unos días de la agresión la justificada desconfianza ante los organismos nacionales de procuración de justicia había llevado a los familiares de los afectados a pedir la intervención en las pesquisas del equipo argentino de médicos forenses y, posteriormente, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El correlato social a estos movimientos institucionales es el vasto conjunto de movilizaciones solidarias que ha recorrido el mundo, desde Bolivia hasta Japón, en repudio al gobierno mexicano y en demanda de presentación con vida de los desaparecidos.
El relato truculento ideado por Murillo Karam (estudiantes detenidos por la policía municipal de Iguala, entregados a los pistoleros de Guerreros Unidos, ejecutados e incinernados en el basurero de Cocula y arrojados al río cercano, ya convertidos en cenizas) no funcionó por la simple razón de que una operación semejante no puede realizarse sin el auxilio de complicidades, connivencias y encubrimientos de alto nivel, estatales y federales, que son precisamente los factores que el régimen ha pretendido negar a toda costa. Ante el fallo ineludible de esa coartada central, el resto de la simulación oficial se viene abajo: ni las lágrimas de cocodrilo ni los propósitos de compromiso con la legalidad pueden aportar credibilidad a un gobierno de antecedentes represivos y corruptos y que, por razones ideológicas y pragmáticas, ve como enemigos naturales a la educación pública, a la población campesina y también, por supuesto, a la síntesis perfecta de ambas: las normales rurales.
Por ello, el peñato tiene de antemano perdida la batalla por la credibilidad en el ámbito internacional. Por si no bastara, está el tema de las propiedades inmobiliarias y el cinismo de Peña en los medios mainstream occidentales, precisamente en esos en cuyas cuentas corrientes se depositó tanto dinero robado a los contribuyentes mexicanos para fabricar la imagen de una presidencia moderna, reformadora, dinámica y poderosa.
Adentro del país los presupuestos corruptores pueden funcionar tal vez para comprar 10 millones de votos con otros tantos televisores regalados a cuenta del erario, tanto para beneficio electoral del PRI como para dar nuevos márgenes comerciales a los alicaídos componentes del duopolio televisivo que le dio a Peña un empaque de político viable. Pero el régimen ha perdido su tradicional capacidad para aplacar con dinero los movimientos de protesta y hay un sector de la oposición electoral real que tampoco se dejará comprar.
Si ese sector, ubicado en Morena, es capaz de retomar las reivindicaciones centrales de quienes ya no creen en elecciones, de radicalizar su plataforma política y de demostrar en las campañas y en los hechos que no forma parte de la clase política corrupta y repudiada, será posible llevar al régimen a una situación insostenible en el ámbito interno, que es a fin de cuentas el terreno decisivo, y de alejar el riesgo de que el peñato se aferre al clavo ardiente de una represión masiva y generalizada. Ojalá sea posible construir la confluencia necesaria.
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