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 Encuentro en Ixcotel

Pedro Miguel

Presos políticos loxichas recluidos en la Penitenciaría Central del Estado de Oaxaca, situada en Santa María Ixcotel

L

a mayor parte de estos hombres han pasado media vida en la cárcel y se les nota en el aplomo y la serenidad. En un sentido o en otro, la prisión curte. Fortalece la veta antisocial de los delincuentes incorregibles, conduce a los corregibles al arrepentimiento y templa la determinación justiciera de los presos políticos. Estamos ante individuos que deberían estar próximos a la jubilación, pero que no esperan eso, sino la libertad. Son los presos políticos loxichas recluidos en la Penitenciaría Central del Estado de Oaxaca, situada en Santa María Ixcotel, en las afueras de la capital oaxaqueña, y tristemente célebre por las condiciones deplorabilísimas y exasperantes en las que se mantiene a los internos (https://is.gd/9I8Ruw).

En general, las prisiones del estado están convertidas en un espacio de castigo para pobres y marginados, en centros de abuso donde los derechos humanos son violados de manera sistemática, tienen marcadas carencias organizacionales y serias deficiencias funcionales; hay corrupción en todas sus modalidades, tráfico de influencias, rezago de expedientes, introducción, venta y consumo de drogas, prostitución, violencia y hacinamiento, se señalaba hace un par de años en un informe de la Comisión Regional de Derechos Humanos Mahatma Gandhi AC (https://is.gd/sw94sD). A eso hay que agregarle las prácticas de autogobierno, las frecuentes plagas de ratas (https://is.gd/l2jEZZ) o las inexplicables omisiones del gobierno estatal a la hora de enviar dinero para la comida de los internos (https://is.gd/yZGfUK). Ixcotel no es la excepción; más bien resulta representativa de una situación que ni las autoridades federales ni el ya casi ex gobernador Gabino Cué han querido o podido corregir.

Estamos ante Agustín Luna Valencia, Fortino Enríquez Hernández, Justino Hernández José, Abraham García Ramírez y Álvaro Sebastián Ramírez. Falta Zacarías Pascual García López, quien se encuentra en el Cefereso 13 de Nengolí, Miahuatlán, una cárcel privada construida por el calderonato bajo las directrices de la Iniciativa Mérida. Están en el encuentro los también presos políticos César Mendoza (periodista) y los activistas sociales Adan Mejía y Librado Baños.

Los dos primeros están por cumplir 20 y 19 años de reclusión, respectivamente, acusados de participar en el ataque lanzado por el Ejército Popular Revolucionario (EPR) en agosto de 1996 en La Crucecita, en la bahía de Huatulco, en contra de fuerzas militares y policiales. La hemeroteca cuenta que “en el centro turístico de Huatulco una columna de unos 15 integrantes del EPR irrumpió en el parque central de la localidad, procediendo a disparar al aire y contra los escaparates de los comercios. Una bala perdida impactó a un civil, quien resultó muerto. Otra ráfaga disparada contra las oficinas del Ministerio Público mató al vendedor de artesanías Marcelo García, quien dormía a las puertas de ese local […] Tanto en su llegada como en el retiro recalcaron que el EPR existe en Huatulco y en México. La estancia del grupo armado fue de aproximadamente 20 minutos, de 0:20 a 0:40. No fue posible determinar el número de personas que dispararon en los alrededores de La Crucecita, pues estuvieron cubiertos entre el monte y en algunos edificios de las principales calles de la bahía. La salida de los miembros del EPR se realizó en un camión de carga, el cual abordaron a una cuadra del parque central sobre la avenida Carrizal” (https://is.gd/iNMQ6r).

Sentenciados en diversas instancias por delitos relacionados con aquella acción, los reclusos de Ixcotel defienden enérgicamente su inocencia: Después de las detenciones de las autoridades municipales, los cuerpos policiacos y el Ejército Mexicano iniciaron una ola de represión; encarcelaron a más de 250 indígenas que fueron obligados, mediante crueles torturas físicas, sicológicas y amenazas de muerte, a firmar hojas en blanco, y con engaños los obligaron a declararse culpables de los delitos que no cometieron. Luego los vincularon al EPR, lo que es totalmente falso. Y denuncian:Nuestro único delito es ser indígenas zapotecos del sur, vivir en la marginación y pobreza extremas, trabajar de la mano con nuestros hermanos del pueblo y pensar diferente a la clase en el poder. Las autoridades de los dos niveles de gobierno han violado gravemente nuestros derechos humanos, situación que ha causado y sigue causando daños irreversibles a nuestras familias e hijos (https://is.gd/8dIijc).

Aun si fueran culpables, todos habrían tenido que estar ya libres por beneficios legales. Pero en este caso, como en tantos otros, la autoridad se ha encarnizado y se ha negado a concederles las reducciones de condena establecidas en la ley. Pareciera que el Estado quiere llevar el escarmiento hasta el último minuto de prisión. O más, si puede. La decisión está en manos del comisionado de Seguridad Pública, Renato Sales. El caso ha sido retomado por diversos medios como Proceso(https://is.gd/ycs3NG), Desinformémonos (https://is.gd/OIYAiX), Contralínea y, desde luego, La Jornada (https://is.gd/q2mofR, https://is.gd/A9tuL6). Pero el agravio sigue allí, año con año, mes tras mes, hora tras hora, como si la estela sangrienta del zedillato no terminara de desvanecerse. Hay que recordar con cuánta saña fue implantada la política de contrainsurgencia entre 1994 y 2000, y cuánto se empecinó el gobierno en perseguir a las comunidades indígenas y campesinas, insurrectas o no. Las toponimias de Aguas Blancas, El Bosque, El Charco y Acteal son recuerdo de ello.

Pero la represión continúa a lo largo de las presidencias panistas y de este priísmo que volvió para pudrirse a la vista del público. Las detenciones de los luchadores sociales Adán Mejía y Librado Baños son menos antiguas, pero su arresto y proceso siguen las mismas pautas de franco atropello a los derechos humanos. El preso más reciente es el periodista César Mendoza, detenido por documentar las protestas del movimiento magisterial. Como lo informó la agencia Quadratín, antier y ayer integrantes de la Unión de Artesanos y Comerciantes Oaxaqueños en Lucha (UACOL) bloquearon el acceso a los juzgados de Ixcotel por las inconsistencias en el proceso de Adán Mejía; en efecto, el lunes pasado la juez quinto de lo penal, Nancy Hernández López, le negó las medidas cautelares con un argumento sin peso legal:Nancy Hernández dijo que Adán se podría fugar porque tiene familiares y amigos en otros estados que lo pueden ayudar, informó Calipso Mejía, hermana del recluso (https://is.gd/CeWK0x).

Al otro lado de la mesa nos encontrábamos Araceli Damián, Citlalli Hernández Mora, Irma Eréndira Sandoval, Layda Sansores y Guillermo Santiago, legisladores; Carlos Figueroa y Martín Sandoval, integrantes del CEN de Morena; John Ackerman y el que escribe, articulistas. El encuentro tuvo lugar el viernes 26 de agosto en el marco de una gira de trabajo (organizada y coordinada por John) de la comisión de enlace entre Morena y el magisterio en lucha.

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