Víctor Flores Olea
Hace unas cuantas semanas escribí en un artículo aquí en La Jornada que, al parecer, avanzábamos con gran rapidez hacia una militarización del país. E interpretaba las preferencias y distingos ilimitados que el Presidente Peña Nieto tenía hacia todas las armas del ejército mexicano, como una señal inequívoca a esa tendencia que parecía y parece imparable.
Tanto más urgente y necesaria la tendencia que las preferencias de la ciudadanía se habían alejado extraordinariamente del Jefe del Ejecutivo, tanto más que según los principales encuestadores del país, que las preferencias que pudieron existir dentro en un tiempo se habían tornado precisamente en sus contrarias.
Por supuesto tales tendencias no se han modificado sino agudizado más si se quiere, aprovechando la coyuntura ¨Trump¨ para resaltar más aun la importancia del ejército mexicano para preservar la soberanía del país. Naturalmente, no pretendo en estas líneas demeritar la función general del ejército mexicano, pero sí digamos el oportunismo del grupo de políticos en la cumbre, tal vez comenzando con el Presidente de la República Enrique Peña Nieto, quien parece estar al frente de la maniobra. Por lo demás, no debe olvidarse que en un pasado no muy lejano algunos analistas políticos del país ya se refirieron claramente al asunto,
Recordemos por ejemplo la afirmación de la investigadora Laura Carlson cuando afirmaba en una mesa redonda organizada por la Casa Lamm y el diario La Jornada ¨que la militarización de la lucha contra el narcotráfico responde a la política diseñada por el presidente Felipe Calderón, con la cual pretende asumir un liderazgo que no obtuvo en las urnas, apoyado, fundamentalmente, por las fuerzas armadas.¨ Un buen número de investigadores han coincidido con lo anterior, y desde luego en el mismo acto John Saxe Fernández y el que esto escribe. Laura Carlson agregó, con toda razón, que el famoso Plan México, con el que se pretende combatir al crimen organizado, resultó a la postre, para su objeto, un instrumento absolutamente fallido, como también resultó fallido el Plan Colombia de ese país, y del cual el de México pretendía ser una copia.
Laura Carlson agregó que el Plan Colombia (como el de México, añadimos ahora nosotros) resultó fallido porque pretendía combatir el crimen organizado, pero con el resultado de haber contribuido poderosamente a la pérdida de la soberanía colombiana y a la criminalización de las oposiciones políticas y de los luchadores sociales.
Y también se habló en esa misma mesa redonda del sin sentido que resulta presentar al crimen organizado y a la violencia criminal diaria en las sociedades, cuando en verdad el peligro mayor contra nuestros países reside precisamente en esta transferencia ¨sotto voce¨ de poderes jurídicos y de facto a los ejércitos. En el caso de Calderón resulta transparente que pretendía asumir un liderazgo, a través del ejército, que no obtuvo en las urnas y en sus tareas como candidato.
Desde luego, recientemente han llamado la atención expertos en estas cuestiones militares diciendo ¨que un cambio jurídico haría omnipotentes a los militares¨(La Jornada, 23 de noviembre de 2016). Es decir, la iniciativa de ley que presentó el PRI (léase el Presidente Enrique Peña Nieto), para dotar a las fuerzas armadas de un marco jurídico para investigar y actuar contra amenazas que pongan en peligro la estabilidad, la seguridad interior o la paz pública, como el narcotráfico o la corrupción, es inconstitucional y peligrosa porque dota de un poder omnipotente a los militares para investigar ¨delitos¨ de cualquier tipo e incluso actuar contra opositores al gobierno.
En esto coincidieron con razón el constitucionalista Elisu Arteaga y César Gutiérrez Priego. Ambos están de acuerdo en que es necesario establecer un marco jurídico que protega los derechos individuales de los militares, pero no por la vía en que lo intenta hacer el PRI-Presidente, porque este camino lleva indefectiblemente a abusos y a arbitrariedades por parte de las fuerzas armadas, sin contribuir para nada a su protección; al contrario, conduciría indefectiblemente a abusos y arbitrariedades por las fuerzas militares que son inadmisibles en un régimen que se propone como democrático. Añadieron además que la iniciativa es inconstitucional, entre otras razones, porque es violatoria del artículo 129 de la Constitución General de la República que dispone “que en tiempos de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina castrense”.
Ambos estudiosos insisten en que la autoridad militar sólo puede ejercer las funciones directamente relacionadas con la disciplina castrense y no pueden ser utilizadas como policías o en laboratorios de investigación. (Salvo en casos de Estado de excepción)
Por supuesto, la iniciativa que venimos comentando, inconstitucional por tantos motivos, ha horrorizado a multitud de especialistas pero, que yo conozca, no ha merecido comentario alguno por parte del poder legislativo. Creo que un asunto tan serio ameritaría ya al menos una clara opinión de su parte. Por muchas razones estamos al borde de un abismo que puede ser muy doloroso para muchos, ojalá los involucrados reaccionen patrióticamente. Desde luego las fuerzas armadas, que serían las últimas en beneficiarse por una reforma como la propuesta. Ojalá conserven el prestigio tantas veces justamente ganado y rechacen esos cantos de sirena que llevarían al horror a tantos mexicanos, y primero que nada a las propias fuerzas armadas.
Me parece oportuno mencionar que el pasado 3 de diciembre, el intelectual de la India Sri Sri Ravi Shankar realizó una conferencia en este mismo lugar a la que llamó “México merece Paz”. No es necesario repetir que su discurso fue absolutamente severo y lúcido en cuanto a la necesidad de vivir en paz y de la paz en todas partes del mundo. Sin ella no podría haber, nos dice Ravi Shankar, ni desarrollo ni bienestar auténtico.
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