El Ejército en las calles
Urgen acciones eficaces, no extremas
Miguel Ángel Velázquez
L
a polémica que se ha levantado en torno a la presencia de los militares en las calles del país obligó al jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, a declarar que en esta ciudad no se requieren los patrullajes del Ejército, y a demandar la construcción de una policía sólida y certificada. Esto, luego de explicar que existen 400 municipios que no cuentan con fuerzas policiacas.
El quehacer militar en el combate a la delincuencia organizada, como se le ha dado en llamar, ha despertado las más diversas opiniones, mismas que ya en algún momento de esta década también se desgranaron tratando de explicar un fenómeno que no se quiere ver, ni analizar, en sus raíces.
El asunto es que, como otros asuntos graves del país, en este, el de la posible militarización, se quiere, se insiste en mirar al último eslabón de la cadena del problema sin hacer ningún intento por hallar soluciones permanentes a esta guerra que ya dura 10 años y que no tiene para cuándo acabar si no se dan respuestas efectivas al asunto.
Las policías municipales en todo el país pertenecen al estrato social menos favorecido. Sus salarios, y también su preparación escolar, les impedirían lograr mejores ingresos económicos. Así pues, quienes se incorporan a los cuerpos policiacos son los que no hallan en ninguna parte un puesto de trabajo que les permita sobrevivir fuera de las condiciones de pauperidad.
Esto quiere decir, también, que ni por asomo los uniformados sienten o entienden cuál es su responsabilidad frente a una sociedad que los requiere como ayuda necesaria y, las más de las veces, urgente. Por eso, cuando existe alguien que con más dinero y menos exigencias los invita a formar parte de otra corporación, por decirlo de algún modo, simplemente se convierten en cómplices fieles de lo que sí entienden: el dinero en el bolsillo.
Mucho de esto se quiere comprender en la ciudad. Los salarios de los policías rasos de la capital –13 mil, para ser exactos– se verán incrementados a partir del próximo enero, sin que ello signifique que habrá policías conscientes de la gran responsabilidad que entraña vigilar las calles de la Ciudad de México.
Es innegable que la violencia, la delincuencia en la capital del país, ha ido en aumento, y no es asunto de la casualidad o de contagio. Todo el país está inmerso en una crisis que desampara a muchos mexicanos y que no tiene muchas posibilidades de cambiar de rumbo en el futuro próximo; por el contrario, hoy tendríamos que decir que aún no se toca fondo, que viajamos en una espiral invertida que nada bueno augura, por lo que las medidas de contención, entre ellas la seguridad, deberán hallar formas eficaces para mantener marginada a la violencia, hasta donde sea posible, sin echar mano de métodos extremos, como el Ejército en las calles o la cacería de sospechosos.
Por eso es necesario entender y reconocer que no es la policía en general la culpable de que los militares salgan a las calles; es, sin duda, su situación, su pobreza. Entender esta parte del problema de la inseguridad en el país será comprender que será mejor enderezar los caminos torcidos de la economía que seguir haciendo la guerra contra todos y para siempre.
De pasadita
Este miércoles, en la Asamblea Legislativa, nos entregaron a Bertha Teresa Ramírez y a quien esto escribe un reconocimiento que, ante todo, es para La Jornada, la casa editorial desde donde hemos podido desarrollar la labor que este día se premió, y al apoyo que desde la dirección de Carmen Lira se nos ha brindado. Hay que advertir que lo valioso de este reconocimiento está en el acuerdo entre las diferentes corrientes de pensamiento que concurren en el palacio de Donceles y Allende, y sirve para brindar confianza a quienes laboramos en este oficio, hoy tan peligroso en este país.
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