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Estampas del mancerato

Pedro Miguel

E

n febrero y marzo pasados unos vientos insólitos azotaron la Ciudad de México. Centenares de árboles fueron derribados por el fenómeno atmosférico en diversas delegaciones de la entidad, entre ellas Milpa Alta. Era preciso retirar los troncos caídos para evitar el riesgo de incendios y las autoridades otorgaron a los comuneros la autorización verbal para cortarlos y transportarlos a fin de que pudieran utilizar la madera. El permiso era requerido porque las actividades de explotación maderera (tala, aserraderos) están prohibidas desde 1947 en el territorio de la capital de la República (veda forestal). Pero los bosques de la sierra de Chichinautzin (que corre por las delegaciones Cuajimalpa, Álvaro Obregón, Magdalena Contreras, Tlalpan, Xochimilco y Milpa Alta) son el oscuro objeto del deseo de depredadores. Ya en 2013 diversas dependencias de la autoridad local –Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT), Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), Procuraduría General de Justicia (PGJ)–, así como la autoridad delegacional, habían emprendido diversas acciones contra talamontes y aserraderos clandestinos en Milpa Alta.

Pero dos años más tarde las autorizaciones para aprovechar la madera de los árboles derribados por las ventiscas sirvieron de paraguas para el retorno de los taladores. El olor a madera recién cortada envolvió la delegación y los camiones de tres y media toneladas, cargados de troncos mucho más robustos que los derribados por el viento, empezaron a circular sin ningún impedimento y en esta ocasión las autoridades no hicieron nada. La Sedema, la PAOT y el Instituto de Verificación Administrativa (Invea) se revelaron como un manojo de siglas burocráticas sin voluntad alguna de defensa del medio ambiente. Arguyeron que el cuidado de los bosques era de competencia federal y las muy federales Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) voltearon hacia otro lado.

El problema no sólo es ambiental. Como ocurre en otras entidades del país, el negocio de la tala clandestina se asocia en automático con el narco. Uno y otro conforman una suerte de ciclo agrícola infernal: se tala una zona de bosque, se siembra con droga y al cabo de un tiempo los camiones bajan cargados de madera y droga. Además, los grupos delictivos aprovechan las zonas recién despejadas para establecer sus campamentos y aterrorizar desde ellos al resto de la población.

Los comuneros de diversos pueblos originaros de Milpa Alta coinciden en que individuos llegados de Michoacán se pasean con armas largas en total impunidad, cuidando sus negocios. Cuentan que sólo en la localidad de San Pablo Oztotepec, donde el general Emiliano Zapata estableció su cuartel general hace 102 años, hay en la actualidad 12 aserraderos clandestinos.

Y mientras el gobierno local lanza a sus policías a emprender cateos masivos en el centro de la ciudad en busca de celulares robados, en el extremo suroriente del territorio capitalino la depredación ambiental y la descomposición social se meten al Valle de México sin que nadie muestre interés alguno en ponerle freno.

El deprimente deprimido

¿Resolver un problema vial en la Ciudad de México? Fácil: cosa de abrirle paso al automóvil escarbando 14 kilómetros de túnel (aunque con la otra mano las autoridades se empeñen en volver imposible la circulación de vehículos automotores), partirle la existencia a media docena de colonias de clase media que alguna vez fueron apacibles (¿queda algún sitio apacible en este sufrido DF al que hasta el nombre le han cambiado para volverlo marca registrada?) y tirar un millar de árboles en una urbe que necesita, precisamente, más árboles y menos automóviles.

Desde el inicio los vecinos pidieron audiencias para demandar que se respetara a los árboles en la ejecución de la obra. Patricia Mercado, la secretaria de Gobierno de Miguel Ángel Mancera, les dijo que sólo se talarían 600. La PAOT autorizó 680. A cada nueva reunión, las autoridades ofrecían detener la tala, pero por las noches talaban. La obra se extendió como metástasis por puntos no previstos en el proyecto ejecutivo, como Barranca del Muerto. Los habitantes interpusieron un amparo y lograron la suspensión definitiva de la devastación. El gobierno capitalino respondió con una artimaña legal: aceptó detener la tala, pero pidió al juez autorización paratrasplantarlos, lo que en los hechos significa arrancar los árboles, no cortarlos, para ir a tirarlos por allí. En reunión con los vecinos, Mercado llegó a la burla: los vecinos podrían ir a visitar los árboles en cuanto éstos estuvieran instalados en su nuevo hogar.

Los colonos no se arredraron e interpusieron un segundo amparo ante el juez Ricardo Gallardo Vara, del 16° juzgado en materia administrativa. Éste aceptó el recurso, pero sin detener el trasplante y sin recibir a los quejosos.

La rúbrica de la opacidad: cuando los habitantes de las colonias arrasadas por la obra pidieron que se les mostrara el estudio de impacto ambiental del deprimido Mixcoac, se les informó amablemente que la Sedema lo había enviado a la reserva. De seguro es un asunto de seguridad nacional y se trata de impedir que los planos del túnel caigan en manos de terroristas islámicos.

El helipuerto detrás del muro

Ante el desastre del tránsito urbano, agravado de manera notoria por los desatinos del mancerato, los ricos de entre los ricos han ido optando por trasladarse en helicóptero. La desigualdad en la movilidad: si a las clases medias se les insta a que se apeen del coche para montarse en la bicicleta, a los de la lista de Forbes se les tolera que se conviertan en señores de los cielos y que pasen zumbando por encima de los embotellamientos. Y, claro, las oficinas de Cadena Tres, construidas en un predio en el que antes había un expendio de muebles Hermanos Vázquez, rodeado por los cuatro costados por unidades habitacionales densamente pobladas, no podían funcionar sin un helipuerto.

Éste fue construido en la más absoluta ilegalidad y sin contar con las autorizaciones correspondientes de la administración local ni de la federal, amparado en una simple autorización para remodelar la vieja tienda. Se instaló una antena de 60 metros de altura, el helipuerto propiamente dicho y unos tanques de almacenamiento de combustible que colindaban –muro de por medio, literal– con el centro de distribución de gas natural de la Unidad Latinoamericana; en medio de once unidades habitacionales ocupadas por 22 mil familias.

Patricia Mercado salió al quite. En una reunión con representantes vecinales reconoció la inexistencia de autorizaciones para la obra (hay video del encuentro) pero, en vez de proceder a la clausura, les dio largas y les ofreció gestionarles una junta con la empresa. Rapidito, el gobierno de Mancera y la delegación Coyoacán extendieron cuanto papel fuera necesario para regularizar la aberración.

Falta un detalle: los helicópteros ya suben y bajan en medio de una olla de edificios situada a unos metros del cruce de Avenida Universidad y el Eje 10 sin que exista una autorización de la Dirección de Aeronáutica de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y adivinen dónde está la solicitud correspondiente: pues en la reserva. Dónde más iba a estar.

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