EDITORIAL La Jornada

Afore: crisis anunciada

E

l presidente de la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro (Amafore), Bernardo González, advirtió ayer que solamente 30 por ciento de quienes se jubilen dentro de dos años bajo el régimen de cuentas individuales habrá acumulado las mil 250 semanas de cotización que se requieren para tener derecho a una pensión.

En cifras concretas, lo anterior significa que 28 mil de los 40 mil afiliados a ese sistema que cumplirán 65 años en 2021 no podrán disponer de sus fondos de retiro, salvo por lo que se refiere a la subcuenta de vivienda, cuyos fondos acumulados podrán ser retirados en una sola exhibición. Peor aún: los 12 mil restantes recibirán una pensión equivalente a 30 por ciento de su último salario.

Es inocultable, pues, que las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore) constituyen un mecanismo de pensiones del todo ineficaz que generará en el futuro próximo una crisis de personas de la tercera edad carentes de ingresos más allá de las pensiones universales establecidas por el gobierno federal, consistentes en mil 275 pesos mensuales para mayores de 68 años (65, en el caso de las comunidades indígenas).

Cierto es que el diseño de sistemas de pensiones plantea un enorme desafío en todos los países en el contexto del envejecimiento de la población y de los consiguientes cambios experimentados por la pirámide demográfica, conforme se incrementa la proporción de adultos mayores en la composición poblacional y aumenta la esperanza media de vida, aumenta el porcentaje del ahorro (personal y nacional) que debe destinarse a pensiones. Ello ha llevado a una búsqueda de fórmulas muy diversas en distintas naciones.

En la nuestra, el modelo de empresas privadas encargadas de administrar los fondos para el retiro fue impuesto en 1997, en pleno auge del dogma neoliberal, y pese a las advertencias de múltiples voces que señalaron, además de los riesgos que conllevaba el esquema, el abuso y la arbitrariedad que significaba obligar a los asalariados a entregar sus ahorros para el retiro a una de las Afore autorizadas.

A 22 años de distancia es inevitable reconocer que los críticos de ese sistema tenían razón. Además de contar con una enorme base de clientes cautivos, las Afore cobraron durante los primeros años de su funcionamiento y hasta 2008, comisiones múltiples e incluso leoninas: el afiliado debía pagarle a la entidad financiera un porcentaje del saldo de la cuenta, otro de los depósitos y uno más del rendimiento obtenido, en lo que constituía un verdadero despojo legalizado.

En suma, el modelo de pensiones que data del sexenio de Ernesto Zedillo no ha servido ni servirá para la mayor parte de los asalariados a los que supuestamente habría de beneficiar; en cambio, ha generado astronómicos dividendos y elevadísimas percepciones para los accionistas y directivos de las Afore.

El desafío de concebir un esquema de pensiones viable y benéfico para sus afiliados sigue vigente, sin duda, y su dificultad inherente es la imposibilidad de prever con certeza el comportamiento de los fondos jubilatorios a décadas de distancia.

Pero es también claro que el modelo de las Afore debe ser reconfigurado de manera radical para que realmente garantice jubilaciones suficientes y no únicamente el negocio, o bien ser sustituido por otro con sentido social y no privado.