Luis Javier Garrido
La verdadera guerra que se libra en México no es del gobierno calderonista contra los cárteles del narco, sino contra la clase trabajadora y, por lo mismo, contra los sectores mayoritarios del pueblo.
1. La política en materia laboral del gobierno de Felipe Calderón se ha evidenciado en los hechos con su política de empleo y de precios, al lanzarse de manera desaforada contra los mineros y electricistas y ahora con su intentona de modificar las leyes laborales de la República para terminar con las conquistas obreras del siglo XX, por lo que se puede sintetizar como una verdadera guerra contra la clase trabajadora y contra el pueblo.
2. La iniciativa de reformas a la Ley Federal del Trabajo presentada por el PAN y El Yunque en la Cámara de Diputados el 18 de marzo, que pretende terminar con los sindicatos como organizaciones de defensa de los trabajadores, hacer nulo el derecho de huelga, establecer en México como regla la práctica de una subcontratación –o outsourcing– al margen de cualquier norma legal, y terminar con todos esos cambios con el derecho colectivo del trabajo, el salario mínimo, la jornada máxima y los contratos colectivos, así como con el derecho de los trabajadores a la salud y a la seguridad social, ha sido repudiada por organismos y organizaciones internacionales, por los principales sindicatos y organizaciones democráticas del país y de manera casi unánime por los especialistas en derecho laboral, y a pesar de ello existe el riesgo de que algunos de sus aberrantes principios sean incorporados al marco legal de México.
3. Esta iniciativa, obra personalísima de Javier Lozano Alarcón, titular de la Secretaría del Trabajo, y del propio Felipe Calderón y sus asesores, no es otra cosa, por consiguiente, que una interpretación criolla abusiva de las tesis del capitalismo neoliberal en materia laboral, que se han conocido como “el paquete estratégico”, y que los panistas-yunquistas buscan a toda costa hacer aprobar pues desde los centros de poder financiero mundial se reclama de manera cada vez más airada a Calderón y a los panistas que no hayan logrado imponerlo, pues culminaría el diseño trasnacional para México: un país que no ha de ser dueño de sus recursos estratégicos, ni tener capacidad soberana para tomar decisiones, quedando convertido en un vasto campo de saqueo de sus recursos y de explotación de la fuerza de sus trabajadores: el modelo Calderón.
4. Javier Lozano se ha encargado en estos tres años de violar cínicamente las leyes laborales del país y de pisotear la Constitución para servir a consorcios privados: lo mismo Repsol YPF en el sector eléctrico que el Grupo México de Larrea y Salinas en la minería, olvidándose de que al buscar aplastar de manera tan obvia a los electricistas y mineros, cuyos derechos ha violado cínicamente, ha enardecido a amplios sectores de mexicanos que ya no dudan del carácter fascistoide de la administración de facto de Calderón.
5. En la hipótesis de que estas disposiciones aberrantes, o algunas de ellas, fuesen aprobadas por el Congreso de la Unión, lejos de conducir al objetivo buscado por el capital financiero de lograr hacer de México un paraíso para las trasnacionales, en el que los trabajadores no pudiesen esgrimir derechos (la desregulación) y se estableciese un marco seudojurídico que fortaleciese la vía a una mano de obra casi regalada que compitiese con la de China y otros países asiáticos (la globalización laboral), como lo han pretendido desde el inicio del sexenio Calderón y Lozano, lo que se lograría sería algo muy distinto, pues se hundiría al país en la más absoluta ilegalidad, dándose al traste con cualquier pretensión de “seguridad jurídica”.
6. La aprobación del engendro seudojurídico de Lozano ahondaría esa especie de esquizofrenia jurídica a la que están llevando al país los neoliberales del PRI y ahora los fanáticos panistas: a) por un lado estarían la Constitución con su artículo 123 y los tratados internacionales suscritos por México en materias laboral y de derechos individuales y sociales (ninguno de los cuales ha sido denunciado por los últimos gobiernos), es decir la legislación vigente, así como la cultura política forjada en el último siglo que ha asumido que las reformas alcanzadas por la clase trabajadora son intocables, y b) por el otro, se hallarían una serie de leyes secundarias (que contravendrían a la Constitución) y las prácticas y usos de las corporaciones trasnacionales, a las que se han acostumbrado en los países asiáticos.
7. Los señuelos que este nuevo marco seudojurídico entraña para las dirigencias corruptas de muchos sindicatos son múltiples, pero uno llama la atención: el de definir a los sindicatos como asociaciones “de interés público”, misma noción que se estableció en 1977 y se amplió en 1989 en el 41 constitucional para caracterizar a los partidos políticos, que entonces dejaron de ser entidades “privadas” para convertirse en “públicas”, pues tienen no sólo derechos y obligaciones sino también “prerrogativas”: es decir, un financiamiento público, que no debe olvidarse es por encima y por debajo de la mesa. De esta manera se “legalizaría” el que no sólo los dirigentes corruptos de algunos sindicatos y centrales, como Joaquín Gamboa Pascoe (CTM), Carlos Romero Deschamps (petroleros) o Víctor Flores (ferrocarrileros), recibieran fondos públicos, sino que se intentaría comprar y someter a todos los dirigentes sindicales a fin de que respalden el nuevo marco seudojurídico, presuntamente neoliberal.
8. Baste recordar que durante el gobierno de Marta y Vicente Fox se creó un marco seudojurídico similar para las organizaciones no gubernamentales u ONG que se reconvirtieron en 2004 en organizaciones “de la sociedad civil” u OSC tras la expedición de la Ley Federal de Fomento a Actividades de Desarrollo Social Realizadas por Organizaciones Civiles (Diario Oficial de la Federación, 9/02/04), que las estimó entidades “de interés público” susceptibles de un cuantioso financiamiento público, por lo que dejaron de estar financiadas por recursos europeos, como había establecido la UNESCO, para entrarle con singular fruición al dinero del Estado, que en México ya se sabe es del gobierno, y transformarse en auxiliares de éste en sus políticas asistenciales y en la compra del voto, especialmente las vinculadas al clero católico. Desde entonces las grandes corporaciones trasnacionales lanzaron en México y en América Central (donde se establecieron marcos seudolegales similares) vastos programas de apoyo a “la sociedad civil”, es decir a “las OSC”.
9. El “nuevo orden neoliberal mundial” supone de tal suerte a partidos, OSC y sindicatos de trabajadores sometidos al poder de decisión de las multinacionales, para configurar un totalitarismo no conocido en la historia moderna. No hay, por lo mismo, en las políticas ni en la iniciativa de contrarreforma laboral de Calderón y Lozano, un simple intento visceral y enfermo para coartarles sus derechos individuales y sociales a los trabajadores, destruir a los sindicatos como organizaciones de defensa de la clase trabajadora y abrogar en México el derecho colectivo del trabajo, sino una intentona de dos fanáticos corruptos de la derecha trasnacional ansiosos de servir a intereses corporativos para destruir el orden republicano en México y hacer de este país un protectorado de Washington en el que los trabajadores no sean más que la más barata y prescindible de las mercancías.
10. Los electricistas en huelga de hambre, los mineros de Cananea resistiendo por años, el pueblo empobrecido, los miles de manifestantes del primero de mayo saben empero que la razón está de su lado y que tarde o temprano van a triunfar.
1. La política en materia laboral del gobierno de Felipe Calderón se ha evidenciado en los hechos con su política de empleo y de precios, al lanzarse de manera desaforada contra los mineros y electricistas y ahora con su intentona de modificar las leyes laborales de la República para terminar con las conquistas obreras del siglo XX, por lo que se puede sintetizar como una verdadera guerra contra la clase trabajadora y contra el pueblo.
2. La iniciativa de reformas a la Ley Federal del Trabajo presentada por el PAN y El Yunque en la Cámara de Diputados el 18 de marzo, que pretende terminar con los sindicatos como organizaciones de defensa de los trabajadores, hacer nulo el derecho de huelga, establecer en México como regla la práctica de una subcontratación –o outsourcing– al margen de cualquier norma legal, y terminar con todos esos cambios con el derecho colectivo del trabajo, el salario mínimo, la jornada máxima y los contratos colectivos, así como con el derecho de los trabajadores a la salud y a la seguridad social, ha sido repudiada por organismos y organizaciones internacionales, por los principales sindicatos y organizaciones democráticas del país y de manera casi unánime por los especialistas en derecho laboral, y a pesar de ello existe el riesgo de que algunos de sus aberrantes principios sean incorporados al marco legal de México.
3. Esta iniciativa, obra personalísima de Javier Lozano Alarcón, titular de la Secretaría del Trabajo, y del propio Felipe Calderón y sus asesores, no es otra cosa, por consiguiente, que una interpretación criolla abusiva de las tesis del capitalismo neoliberal en materia laboral, que se han conocido como “el paquete estratégico”, y que los panistas-yunquistas buscan a toda costa hacer aprobar pues desde los centros de poder financiero mundial se reclama de manera cada vez más airada a Calderón y a los panistas que no hayan logrado imponerlo, pues culminaría el diseño trasnacional para México: un país que no ha de ser dueño de sus recursos estratégicos, ni tener capacidad soberana para tomar decisiones, quedando convertido en un vasto campo de saqueo de sus recursos y de explotación de la fuerza de sus trabajadores: el modelo Calderón.
4. Javier Lozano se ha encargado en estos tres años de violar cínicamente las leyes laborales del país y de pisotear la Constitución para servir a consorcios privados: lo mismo Repsol YPF en el sector eléctrico que el Grupo México de Larrea y Salinas en la minería, olvidándose de que al buscar aplastar de manera tan obvia a los electricistas y mineros, cuyos derechos ha violado cínicamente, ha enardecido a amplios sectores de mexicanos que ya no dudan del carácter fascistoide de la administración de facto de Calderón.
5. En la hipótesis de que estas disposiciones aberrantes, o algunas de ellas, fuesen aprobadas por el Congreso de la Unión, lejos de conducir al objetivo buscado por el capital financiero de lograr hacer de México un paraíso para las trasnacionales, en el que los trabajadores no pudiesen esgrimir derechos (la desregulación) y se estableciese un marco seudojurídico que fortaleciese la vía a una mano de obra casi regalada que compitiese con la de China y otros países asiáticos (la globalización laboral), como lo han pretendido desde el inicio del sexenio Calderón y Lozano, lo que se lograría sería algo muy distinto, pues se hundiría al país en la más absoluta ilegalidad, dándose al traste con cualquier pretensión de “seguridad jurídica”.
6. La aprobación del engendro seudojurídico de Lozano ahondaría esa especie de esquizofrenia jurídica a la que están llevando al país los neoliberales del PRI y ahora los fanáticos panistas: a) por un lado estarían la Constitución con su artículo 123 y los tratados internacionales suscritos por México en materias laboral y de derechos individuales y sociales (ninguno de los cuales ha sido denunciado por los últimos gobiernos), es decir la legislación vigente, así como la cultura política forjada en el último siglo que ha asumido que las reformas alcanzadas por la clase trabajadora son intocables, y b) por el otro, se hallarían una serie de leyes secundarias (que contravendrían a la Constitución) y las prácticas y usos de las corporaciones trasnacionales, a las que se han acostumbrado en los países asiáticos.
7. Los señuelos que este nuevo marco seudojurídico entraña para las dirigencias corruptas de muchos sindicatos son múltiples, pero uno llama la atención: el de definir a los sindicatos como asociaciones “de interés público”, misma noción que se estableció en 1977 y se amplió en 1989 en el 41 constitucional para caracterizar a los partidos políticos, que entonces dejaron de ser entidades “privadas” para convertirse en “públicas”, pues tienen no sólo derechos y obligaciones sino también “prerrogativas”: es decir, un financiamiento público, que no debe olvidarse es por encima y por debajo de la mesa. De esta manera se “legalizaría” el que no sólo los dirigentes corruptos de algunos sindicatos y centrales, como Joaquín Gamboa Pascoe (CTM), Carlos Romero Deschamps (petroleros) o Víctor Flores (ferrocarrileros), recibieran fondos públicos, sino que se intentaría comprar y someter a todos los dirigentes sindicales a fin de que respalden el nuevo marco seudojurídico, presuntamente neoliberal.
8. Baste recordar que durante el gobierno de Marta y Vicente Fox se creó un marco seudojurídico similar para las organizaciones no gubernamentales u ONG que se reconvirtieron en 2004 en organizaciones “de la sociedad civil” u OSC tras la expedición de la Ley Federal de Fomento a Actividades de Desarrollo Social Realizadas por Organizaciones Civiles (Diario Oficial de la Federación, 9/02/04), que las estimó entidades “de interés público” susceptibles de un cuantioso financiamiento público, por lo que dejaron de estar financiadas por recursos europeos, como había establecido la UNESCO, para entrarle con singular fruición al dinero del Estado, que en México ya se sabe es del gobierno, y transformarse en auxiliares de éste en sus políticas asistenciales y en la compra del voto, especialmente las vinculadas al clero católico. Desde entonces las grandes corporaciones trasnacionales lanzaron en México y en América Central (donde se establecieron marcos seudolegales similares) vastos programas de apoyo a “la sociedad civil”, es decir a “las OSC”.
9. El “nuevo orden neoliberal mundial” supone de tal suerte a partidos, OSC y sindicatos de trabajadores sometidos al poder de decisión de las multinacionales, para configurar un totalitarismo no conocido en la historia moderna. No hay, por lo mismo, en las políticas ni en la iniciativa de contrarreforma laboral de Calderón y Lozano, un simple intento visceral y enfermo para coartarles sus derechos individuales y sociales a los trabajadores, destruir a los sindicatos como organizaciones de defensa de la clase trabajadora y abrogar en México el derecho colectivo del trabajo, sino una intentona de dos fanáticos corruptos de la derecha trasnacional ansiosos de servir a intereses corporativos para destruir el orden republicano en México y hacer de este país un protectorado de Washington en el que los trabajadores no sean más que la más barata y prescindible de las mercancías.
10. Los electricistas en huelga de hambre, los mineros de Cananea resistiendo por años, el pueblo empobrecido, los miles de manifestantes del primero de mayo saben empero que la razón está de su lado y que tarde o temprano van a triunfar.
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