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| Protestas contra la contrareforma energética en Xalapa, Veracruz/Foto:Rubén Espinosa, Proceso |
John M. Ackerman
Las expresiones de júbilo de los legisladores federales al aprobar la contrarreforma energética recuerdan los depravados banquetes del clan de los Borgia en Italia en el siglo XV. Aquella poderosa familia controló política y economía en El Vaticano durante décadas y terminó hundiéndose en un oscuro pozo de decadencia ética y moral. Para entender lo que está pasando hoy en la política nacional se recomienda ver la película de Antonio Hernández (Los Borgia) que retrata a todo color el robo, las traiciones, los asesinatos, la corrupción y las depravaciones de este antecedente histórico del PRIANRD. Y para complementar la cartelera durante esta época navideña se recomienda volver a ver La ley de Herodes, de Luis Estrada y con la insuperable actuación de Damián Alcázar, estrenada en 1999 pero hoy más vigente que nunca por retratar de manera fiel el corrupto, hipócrita y entreguista estilo de gobernar del PRI y de sus aliados panistas y perredistas.
En lugar de corregir los graves problemas y peligros con la iniciativa de reforma energética originalmente presentada en septiembre (Video de mi análisis aquí:http://ow.ly/rFXcO), en total sigilo Enrique Peña Nieto junto con sus más cercanos aliados, socios y amigos abrieron todos los candados para permitir casi cualquier tipo de “contrato” o “licencia” con particulares y así permitir el control total sobre el petróleo nacional por empresas extranjeras. En lugar de “modernizar” o combatir la corrupción en PEMEX, la reforma aprobada por el Congreso de la Unión, en apenas cuatro días y en flagrante violación de los procedimientos legislativos, convierte esta empresa estatal primero en un contratista más de la Secretaría de Energía para posteriormente proceder a su total desmantelamiento y desaparición.
El proceso de reparto del territorio nacional entre las diferentes empresas y contratistas privadas estará enteramente en manos del Ejecutivo Federal, sin intervención alguna del Poder Legislativo. A todos y cada uno de los cómplices de Peña Nieto les tocará su parte, incluyendo los representantes de la supuesta “izquierda” quienes hoy fingen su oposición a la reforma pero que con el “Pacto por México” generaron las condiciones necesarias para su aprobación. “Para todos hay” y “No me des, ponme donde hay” son lemas típicos del priísmo histórico que hoy retornan con una fuerza sin precedentes.
Las instituciones públicas y la clase política entera se rinden ante los cañonazos de 50 mil dólares que hoy ya empiezan a repartirse entre cualquiera dispuesto a agachar la cabeza y estirar la mano. El enorme fraude histórico del rescate bancario de FOBAPROA, orquestado por Ernesto Zedillo otro fatídico 12 de diciembre (de 1998) y que hoy todos los mexicanos seguimos pagando, resultará ser peccata minuta en comparación con el enriquecimiento ilícito que se generará a raíz de las nuevas “reglas” para la explotación del petróleo nacional.
A Peña Nieto y sus cómplices simplemente no les importa la enorme desaprobación ciudadana en su gobierno o el contundente rechazo popular a la privatización de la industria petrolera. Los mecanismos “democráticos” les tienen sin cuidado. Ellos mismos han señalado públicamente que no les interesa la “popularidad” ciudadana o siquiera la legitimidad institucional. Lo único que les preocupa es acumular personalmente suficientes recursos para poder comprar la siguiente elección y así evitar cualquier rendición de cuentas histórica con respecto a los atracos de su gestión.
Una vez que se publique la contrareforma energética en el Diario Oficial de la Federación podremos olvidarnos de la falsa fachada de “mesura” y pluralidad política que ha venido simulando el PRI-gobierno desde su retorno a Los Pinos. Ya con “los pelos del burro en la mano” y con la urgente necesidad de cubrir el enorme “hueco fiscal” generado por la privatización de la renta petrolera, Peña Nieto no dudará en implementar un aumento generalizado al IVA, exprimir aún más a los contribuyentes cautivos, impulsar onerosas cuotas para los estudiantes de las universidades públicas e inventar miles de otras maneras para financiar al saqueo.
En 1938, miles de ciudadanos acudieron al Zócalo de la Ciudad de México para donar voluntariamente sus humildes posesiones para ayudar al gobierno del General Lázaro Cárdenas a pagar las indemnizaciones de la expropiación petrolera. Hoy el pueblo trabajador pagará de nuevo, pero en esta ocasión el monto será mucho mayor, las contribuciones serán obligatorias y no serán motivo de orgullo sino de indignación.
Esta inaceptable actuación de la clase política está tipificada en el Código Penal Federal en su artículo 123, fracción I donde señala que comete el delito de “traición a la patria” quien “realice actos contra la independencia, soberanía o integridad de la Nación mexicana con la finalidad de someterla a persona, grupo o gobierno extranjero”. Difícilmente podríamos encontrar una mejor descripción para las acciones tomadas por el Congreso de la Unión en los últimos días. Los legisladores de la supuesta “oposición” tendrían que tener la dignidad y la valentía para renunciar inmediatamente a sus cargos para no ser cómplices del atraco.
Quienes cifran sus esperanzas en la realización de una eventual “consulta” sobre la reforma energética (en 2015) se engañan a sí mismos o de plano le mienten al pueblo. Buscan volver a darnos “atole con el dedo”. La Ley de Consulta Popular incluye tantos candados que difícilmente podría aplicarse en el caso energético. El PRI-gobierno trabajará de la mano con sus amigos en la Suprema Corte para asegurar que ello no ocurra. Argumentarán, por ejemplo, que el tema energético está íntimamente relacionado con “los ingresos y gastos del Estado” y por lo tanto excluido como materia de consulta por el artículo 35 constitucional.
La única esperanza en este momento sería detener la publicación de la reforma en el Diario Oficial de la Federación y después evitar la aprobación de las leyes secundarias en la materia. Pero ello solamente será posible si se multiplican las muestras de desobediencia civil pacífica a lo largo y ancho de la República.
Recordemos que apenas 21 meses después del cobarde asesinato de Francisco I. Madero por Victoriano Huerta el 22 de febrero de 1913, los Generales Emiliano Zapata y Francisco Villa entraron victoriosos a la Ciudad de México el 6 de diciembre de 1914. Peña Nieto ya ganó su lugar en la historia como el Victoriano Huerta de nuestros tiempos. Pero en lugar de esperar la llegada de un nuevo Zapata u otro Villa, inspirémonos todos en su legado para tomar acción desde hoy mismo para juntos salvar la Patria del saqueo.
El artículo 39 de nuestra gran Constitución revolucionaria señala sin rodeos que “la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de este. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”. Hagamos valer nuestros derechos y defendamos nuestra Carta Magna de los traidores a la Patria.
Twitter: @JohnMAckerman
(C) John M. Ackerman, Todos los derechos reservados
(Publicado en Revista Proceso, No. 1937)
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