México SA

Ladrones investigadores

Corrupción institucional

EPN: vueltas a la noria

Carlos Fernández-Vega

¡F

elicidades!, mexicanos crédulos, que tras sesudas investigaciones y consultas con su gabinetazo el inquilino de Los Pinos descubrió que la mejor fórmula para combatir la corrupción y los conflictos de interés en los altos mandos del sector público es la siguiente: que sean los propios altos mandos del sector público los que se autoinvestiguen, se autocalifiquen y, eventualmente, se autosancionen por los robos por ellos cometidos, es decir, que sea el mismo ladrón quien decida si lo es o no, algo que, por lo demás, 33 años atrás institucionalizó Miguel de la Madrid con la creación de la entonces Secretaría de la Contraloría General de la Federación, hoy Secretaría de la Función Pública.

Y para poner en práctica su fórmula mágica, a Enrique Peña Nieto se le ocurrió otra brillante idea: designar al priísta y oscuro ex consejero electoral (ahora abiertamente al servicio de EPN) Virgilio Andrade Martínez como nuevo titular de la Secretaría de la Función Pública (dependencia del Ejecutivo federal en proceso de desaparición, según la versión oficial), quien, para estrenar el cargo, será quien decida si el inquilino de Los Pinos y la señora de su casa (blanca) violaron o no la ley al presuntamente adquirir (con los ahorros de toda mi vida, según dicho de ella misma) la más famosa de las viviendas populares en Las Lomas de Chapultepec.

También será Virgilio Andrade quien determine si Luis Videgaray violó la ley y, en abierto conflicto de interés, presuntamente compró la casita de Malinalco al mecenas más querido del Grupo Atlacomulco, el mismísimo Juan Armando Hinojosa. Ello en el entendido de que el patrón inmediato del flamante titular de la Secretaría de la Función Pública no es otro que el propio secretario de Hacienda, es decir, el personaje que ahora Andrade investigará por conflicto de interés y presuntas violaciones a la ley.

Lo anterior, con base en el decreto presidencial (“se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, expedido por Enrique Peña Nieto el 26 de diciembre de 2012), por medio del cual (artículo quinto transitorio) se establece que respecto de las atribuciones de la Secretaría de la Función Pública (en vías de desaparición, pues sería sustituida por la Comisión Nacional Anticorrupción, que permanece en la congeladora del Legislativo por decisión gubernamental y priísta), será la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la que determine, en su caso, si las mismas corresponden a esta última dependencia o a las unidades de auditoría preventiva.

Según esta avanzada fórmula del inquilino de Los Pinos, Virgilio Andrade encabezará las pesquisas para decidir si su jefe inmediato, Luis Videgaray, es o no delincuente y, una vez resuelto el entuerto (por la negativa, desde luego) el ministro del año tranquilamente conservará su jacal en Malinalco. Acto seguido, ambos personajes investigarán a Enrique Peña Nieto por las mismas razones. Obvio es que llegarán a idéntica conclusión: no hay delito que perseguir, mucho menos conflicto de interés, por lo que la señora de su casa no tiene por qué deshacerse de ella, como tampoco su marido en el caso de Ixtapan de la Sal. Y colorín colorado, la corrupción se ha acabado.

Así, los funcionarios señalados por corrupción, violaciones a la ley, abuso de poder, tráfico de influencias y conflicto de interés serán los encargados de investigarse a sí mismos para saber sin son corruptos, violan la ley, abusan del poder, trafican con sus influencias y tienen conflictos de interés. No cabe duda que la de EPN es una gran idea que confirma, por si hubiera duda, que en Los Pinos siguen sin enterarse de que no se han enterado. Y, en medio de una profunda crisis de credibilidad, todavía se queja porque ya sé que no aplauden.

Ante las reiteradas acusaciones por conflicto de interés, el inquilino de Los Pinos aseguró que el Presidente no otorga contratos, no adjudica compras, ni obras, tampoco participa en ningún comité de adquisiciones, arrendamientos o servicios, y que no obstante estas aclaraciones, soy consciente de que los señalamientos realizados generaron la apariencia de algo indebido, algo que, en realidad, no ocurrió, ergo, no se comió nada, según él. Pero olvidó mencionar que todos aquellos funcionarios que sí los otorgan y los adjudican reciben órdenes precisas e incuestionables sobre cómo, cuándo, en qué condiciones y a quién. Y si no que reclame Juan Armando Hinojosa.

Peña Nieto también se quejó, al estilo calderonista, porque no ha mejorado la percepción sobre el creciente grado de corrupción que registra México. Pues bien, cómo estará el asunto que hasta los amigos del régimen, que no son otros que las cúpulas empresariales, estiman que esa percepción le cuesta anualmente al país entre 5 y 10 por ciento del producto interno bruto, de tal forma que el único que se niega a saber de qué tamaño es el tigre es el inquilino de Los Pinos.

En fin, con sus acciones ejecutivas para prevenir la corrupción y evitar los conflictos de interés el inquilino de Los Pinos no deja de dar vueltas a la noria, con la corrupción a galope, el Sistema Nacional Anticorrupción en el éter y reciclando productos nocivos para la salud pública, como el nuevo titular de la Secretaría de la Función Pública, uno de los operadores del fraude de 2006 y de la des ciudadanización del Instituto Federal Electoral.

En el archivo de La Jornada, correspondiente a 2003, se documenta lo siguiente: “Virgilio Andrade Martínez… consejero electoral propuesto por el PRI… (con una trayectoria) al amparo de ese partido desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Trabajó en la Secretaría de Gobernación a las órdenes de Patrocinio González (1993) y de Emilio Chuayffet (1996). En ambos periodos formó parte de los equipos gubernamentales para la reforma electoral. Es hijo de Virgilio Andrade Palacios, miembro del equipo de abogados defensores del líder petrolero Carlos Romero Deschamps, uno de los artífices del escándalo Pemexgate. Entre 1989 y 1990 fue asesor de Ana Paula Gerard, secretaria técnica del gabinete económico de Carlos Salinas de Gortari”.

Lo mejor del caso es que en una de sus primeras declaraciones Virgilio Andrade aclaró: la Secretaría de la Función Pública no es competente para investigar la compraventa de las casas (Malinalco, Ixtapan de la Sal y, desde luego, la blanca).

Las rebanadas del pastel

Y con eso el inquilino de Los Pinos pretende combatir decididamente a la corrupción y modificar la percepción ciudadana. No, po’ sí.

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