El INE, bajo la lupa

John M. Ackerman

G

racias a la atención y la confianza tanto de la ciudadanía como de los diputados federales logramos salvar al Instituto Nacional Electoral (INE) de un desastre mayor. Tres de los cuatro nuevos consejeros electorales, Uuc-Kib Espadas, Norma de la Cruz y Martín Faz, cuentan con trayectorias plenamente independientes tanto de los partidos políticos como de la mafiocracia electoral imperante.

El futuro de la democracia mexicana depende de la valentía y el arrojo de estos nuevos consejeros para, junto con el único otro consejero independiente, Roberto Ruiz, dar un giro de 180 grados a una institución hoy hundida en el ­desprestigio.

El INE requiere de una fuerte sacudida. Habría que renovar su Secretaría Ejecutiva, transformar al servicio profesional electoral, revisar con lupa las supuestas firmas de México Libre, escoger perfiles totalmente diferentes para los titulares de los organismos electorales en las entidades federativas, esclarecer el financiamiento ilegal de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto y castigar los abusos a la ley cometidos durante la contienda electoral de 2018.

Y para los comicios de 2021 es urgente emprender acciones contundentes con el fin de acabar con el financiamiento ilícito a las campañas políticas, evitar la ley de la selva en las redes sociales, eliminar la propaganda disfrazada en los medios de comunicación y poner un fin definitivo a la compra y coacción del voto, entre otros pendientes.

El bloque conservador del Comité Técnico de Evaluación para el INE quiso cargarle la mano a la Cámara de Diputados. Tal como denunciamos públicamente, la vasta mayoría de los candidatos incluidos en la lista de 20 finalistas garantizaban la continuidad de la impunidad y la corrupción en materia electoral (véase: https://bit.ly/2P3tflj). Si estos perfiles hubieran entrado al INE estaríamos hoy sin esperanza alguna, con un Consejo General repleto de los cuates y los cómplices del viejo régimen prianista.

Mi voto disidente publicado en la Gaceta Parlamentaria (https://bit.ly/2ZZ7DwM) documenta con lujo de detalle las violaciones graves al proceso, incluyendo la ausencia de un dictamen que motivara la selección de los finalistas, el incumplimiento con el mandato de la Junta de Coordinación Política con respecto a la integración aleatoria y ordenamiento alfabético de las listas de finalistas, la inaceptable filtración de las listas a la prensa antes de su entrega a la Cámara de Diputados y los evidentes sesgos presentes a la hora de entrevistar a los candidatos.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación lamentablemente desechó las impugnaciones, pero sí reconoció la existencia de claros indicios de violencia política de género contra la aspirante Diana Talavera, quien fue descalificada injustamente por sus supuestos vínculos con hombres a lo largo de su carrera profesional y durante el proceso de selección.

Porfirio Muñoz Ledo evidenció su enclenque cultura política al denunciar como golpistas a los valientes diputados federales que exigían la devolución de las quintetas de candidatos. Al defender la impunidad de un proceso amañado, el antiguo embajador de Vicente Fox en la Unión Europea demostró que es un fiel defensor de la vieja cultura del silencio y la simulación.

Ahora bien, la mancha más importante al proceso fue la elección de Carla Humphrey, quien es egresada del ITAM y ha trabajado cercanamente con los consejeros electorales Alonso Lujambio y Arturo Sánchez, ambos soldados del Partido Acción Nacional en el instituto electoral, y también con María del Carmen Alanís, funcionaria del antiguo Instituto Federal Electoral y magistrada del Tribunal Electoral muy cercana al Partido Revolucionario Institucional y quien recibió el premio Mujer del Año de las manos de Enrique Peña Nieto el 4 de diciembre de 2012.

En 2005, Humphrey entró como cuota del PAN al Consejo Electoral del entonces Distrito Federal y, al finalizar su gestión, se autoasignó un deshonroso bono multimillonario de despedida con el argumento de que jamás volvería a trabajar en las instituciones electorales. No es necesario recurrir a argumentos efectivamente machistas con respecto a su extendida relación sentimental con Roberto Gil (fueron esposos durante cinco años, incluyendo el periodo en que Gil fungió de coordinador de campaña de Josefina Vázquez Mota) para tener perfectamente claro que la aportación de Humphrey al INE será en favor de la continuidad del viejo ­régimen.

Felipe Calderón Hinojosa y Lorenzo Córdova Vianello están de plácemes con la incorporación de su cuata Carla, pero esperamos que sus sonrisas duren muy poco.

Así como el intenso escrutinio público garantizó que casi todos los finalistas impresentables quedaran fuera del Consejo General del INE, hoy habría que redoblar la vigilancia ciudadana para asegurar que los nuevos consejeros cumplan plenamente con el mandato popular de recuperar el espíritu originario del INE como órgano al servicio del pueblo de México, en lugar de los poderes fácticos.

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