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Quejas por... aplicar la ley // Lozoya comienza a hablar

Carlos Fernández-Vega

C

omo diría el filósofo de Atlacomulco, no hay chile que les embone. Emilio Lozoya, en calidad de delincuente y a petición del gobierno mexicano, fue capturado en España, enchiquerado en aquel país y extraditado bajo la figura de testigo colaborador, pero parece que a ciertos grupos políticos el procedimiento no les gustó, por mucho que, en su momento, sus respectivos partidos promovieron y aprobaron modificaciones para que tal procedimiento fuera legal. Y lo es.

El presidente López Obrador dice estar de acuerdo “con la Fiscalía General de la República de que se inicien estos procedimientos… y si existe el marco legal en el país debe de aplicarse, porque así se obtiene información. Antes no se sabía cómo actuaba la delincuencia de cuello blanco. Se presentaba nada más o se sabía de la delincuencia organizada, pero no se conocía el modus operandi de la delincuencia de cuello blanco”.

Entonces, dijo el mandatario, “el hecho de que haya este procedimiento, por el cual se le puedan incluso reducir castigos o penas –si lo establece la ley, desde luego– a cambio de que aporte información de implicados, porque no es uno, siempre es una red. ¿O qué?, ¿las bandas nada más son las del crimen organizado? No, también la delincuencia de cuello blanco, son redes, en algunos casos tienen hasta representantes en los medios de comunicación”.

¿Qué establece la ley respectiva? (la Federal de Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal, en vigor desde el 5 de diciembre de 2012 y aprobada por panistas, priístas y perredistas). Simple: Testigo colaborador es la persona que accede voluntariamente a prestar ayuda eficaz a la autoridad investigadora, rindiendo al efecto su testimonio o aportando otros medios de prueba conducentes para investigar, procesar o sentenciar a otros sujetos. Podrá ser testigo colaborador aquella persona que haya sido o sea integrante de la delincuencia organizada, de una asociación delictiva o que pueda ser beneficiario de un criterio de oportunidad.

Y dicha ley distingue entre lo que es la víctima del delito, el ofendido de un delito, el testigo incidental y los testigos colaboradores, que son los delincuentes, que se acogen a este sistema, mal conocidos como testigos protegidos y en la mayor parte del país víctimas, porque quedan desprotegidos por la impunidad y viene a llenar una laguna, porque no había un sistema de protección a los testigos protegidos. Las modificaciones a la ley fueron promovidas por diputados panistas, priístas y perredistas, y aprobadas por el pleno de San Lázaro.

Bajo esa figura, López Obrador consideró que vale la pena todo lo que (Lozoya) va a decir. Es de mucha utilidad, porque ayuda a purificar la vida pública, a limpiar de corrupción a México, a desterrarla, que no es pandemia, es peste, es el principal problema del país. Va a ayudar muchísimo, porque no es tener en la cárcel a una, dos, a tres, a cinco, a 10, a 20, a mil personas; no sólo eso, es que no se repitan esos hechos vergonzosos y que se acabe con la idea errónea de que sólo vale el que tiene y que hay que triunfar a toda costa sin escrúpulos morales de ninguna índole. Nada de que la moral es un árbol que da moras (o sirve para una chingada); nada de que político pobre, pobre político; nada de que el que no transa, no avanza; vamos al carajo con todo eso.

A Lozoya nadie le quita la condición de delincuente, pero hay que cuidarlo, porque, según información que se tiene, ya incluso hizo una primera declaración que presentó formalmente a la fiscalía, en donde empieza a mencionar a personalidades, a políticos y el manejo de dinero. Lo que él va a decir, si cumple con el compromiso que tiene con la fiscalía, va a ser trascendente, muy fuerte (Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray, entre otros, aplaudieron a rabiar).

Las rebanadas del pastel

Entonces, parece que algunos grupos políticos no apoyan tal procedimiento, porque corren el riesgo de que el ex director de Petróleos Mexicanos (al que tanto mimaron) los involucre.

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