Víctor M. Quintana S.
Ciudad Juárez es noticia continua y piedra de toque para el gobierno de Felipe Calderón. Es el sinodal cotidiano de la segunda y eterna administración federal panista. Piedra con la que tropieza en cada viaje.
Al cumplirse un mes de la primera visita calderoniana a esta frontera y a dos semanas de completarse los dos años de la primera versión de los “operativos conjuntos”, Calderón y su comitiva organizan reuniones de trabajo y anuncios de nuevos programas para el martes 16.
La delincuencia organizada prepara el ambiente para recibir a la comitiva presidencial: el sábado 13, un comando asesina a la funcionaria del consulado estadunidense en la ciudad Lesley Enriquez, y a su esposo Arthur Redelf. En acción casi simultánea se acribilla al esposo de otra empleada del consulado, Jorge Alberto Salcido. Dos días antes secuestran a Pablo Cuarón Fernández, hijo del empresario Pablo Cuarón Galindo, precandidato del PAN a la gubernatura del estado. El lunes 15, un comando transportado en 15 camionetas aterroriza y asesina cuatro personas en San Juanito y otras cuatro en Creel, localidades del municipio de Bocoyna. El crimen organizado cambia cualitativamente su ofensiva: no sólo se matan entre ellos, también pueden asesinar ciudadanos estadunidenses para provocar un conflicto internacional, o secuestrar a personas inocentes ligadas con la clase política, o sembrar el terror no sólo en la frontera sino en la sierra, 600 kilómetros distante.
A pesar del cambio cualitativo en la coyuntura, el gobierno de Calderón reincide en sus errores. En lugar de abrirse más al diálogo con la sociedad, restringe enormemente el acceso a la reunión de las diferentes mesas de trabajo de la sociedad juarense, iniciadas hace mes y medio. Y, para documentar su miedo a la crítica y a la disidencia, vuelve a convertir en un búnker el hotel sede de la reunión y sus alrededores. Los policías federales vuelven a reprimir a los jóvenes que protestan ante la visita y exigen justicia para sus muertos; los pisotea, los empuja y detiene por varias horas a cuatro mujeres de las organizaciones no gubernamentales.
Todo este proemio debería haber sido suficiente para generar un cambio en la sesión de trabajo, con los representantes sociales fronterizos. Todo lo contrario, el secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, y el procurador general de la República, el chihuahuense Arturo Chávez Chávez, tratan de convencer de que, a pesar de las percepciones, hay claros avances en la “guerra”, su guerra, contra el crimen organizado, y que el número de homicidios tiende a descender en los últimos meses.
No contaban con los juarenses que representan a las diferentes mesas de trabajo. Médicos, empresarios, académicos y activistas sociales refutan de inmediato las cuentas alegres del gabinete. Las cosas han empeorado los últimos meses; desde la primera visita de Calderón, el 12 de febrero, la situación se torna más violenta. Tan sólo de enero a lo que va de marzo, el número de homicidios dolosos en esta ciudad asciende a 500, cuando en 2009 llegaba a 433 y en 2008 a menos de la mitad. El Observatorio de Seguridad y Convivencia Ciudadana del municipio de Juárez señala que los asesinatos de mujeres, que en 2007 llegaban a 30 en esta ciudad, ascendieron a 96 en 2008 y hasta 163 en 2009. Afirma también que en 2009 Juárez encabezó la lista de las ciudades más violentas del mundo, con 188.7 asesinatos por cada 100 mil habitantes, por arriba de la muy violenta favela Jacarezinho, de Río de Janeiro, con una tasa de 173.6.
Todos concluyen: la presencia del Ejército y de la Policía Federal, lejos de disminuir, ha disparado los guarismos de la muerte y del delito –afirmación que casi al mismo tiempo repite la jefa del Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos, Janet Napolitano–; es más, si no se controla la violencia, de poco van a servir las millonarias inversiones en desarrollo social que anuncia la Federación.
Ante tales golpes de realidad Calderón no tiene más que balbucear su esbozo de filosofía del conocimiento. Reconoce que “… es pésimo que se tenga una percepción de que las cosas están bien cuando están mal, pero también que es malo tener una percepción diferente de la realidad…“
Aun así, la estrategia de Estado no cambia un ápice, si no es aceptar la presencia de agentes de la FBI para investigar las muertes relacionadas con el consulado. A ver quién investiga los otros cientos de asesinatos de jóvenes, de mujeres, de periodistas, de derechohumanistas. Aquí siguen reinando el crimen y la impunidad.
Calderón vino por tercera vez a la frontera. Y ni con su visita, ni con sus discursos podrá extirpar una muy difundida y terrible percepción: para muchas familias juarenses, él no ha sido el presidente del empleo, ni el presidente de la valentía, sino el presidente de la muerte.
Al cumplirse un mes de la primera visita calderoniana a esta frontera y a dos semanas de completarse los dos años de la primera versión de los “operativos conjuntos”, Calderón y su comitiva organizan reuniones de trabajo y anuncios de nuevos programas para el martes 16.
La delincuencia organizada prepara el ambiente para recibir a la comitiva presidencial: el sábado 13, un comando asesina a la funcionaria del consulado estadunidense en la ciudad Lesley Enriquez, y a su esposo Arthur Redelf. En acción casi simultánea se acribilla al esposo de otra empleada del consulado, Jorge Alberto Salcido. Dos días antes secuestran a Pablo Cuarón Fernández, hijo del empresario Pablo Cuarón Galindo, precandidato del PAN a la gubernatura del estado. El lunes 15, un comando transportado en 15 camionetas aterroriza y asesina cuatro personas en San Juanito y otras cuatro en Creel, localidades del municipio de Bocoyna. El crimen organizado cambia cualitativamente su ofensiva: no sólo se matan entre ellos, también pueden asesinar ciudadanos estadunidenses para provocar un conflicto internacional, o secuestrar a personas inocentes ligadas con la clase política, o sembrar el terror no sólo en la frontera sino en la sierra, 600 kilómetros distante.
A pesar del cambio cualitativo en la coyuntura, el gobierno de Calderón reincide en sus errores. En lugar de abrirse más al diálogo con la sociedad, restringe enormemente el acceso a la reunión de las diferentes mesas de trabajo de la sociedad juarense, iniciadas hace mes y medio. Y, para documentar su miedo a la crítica y a la disidencia, vuelve a convertir en un búnker el hotel sede de la reunión y sus alrededores. Los policías federales vuelven a reprimir a los jóvenes que protestan ante la visita y exigen justicia para sus muertos; los pisotea, los empuja y detiene por varias horas a cuatro mujeres de las organizaciones no gubernamentales.
Todo este proemio debería haber sido suficiente para generar un cambio en la sesión de trabajo, con los representantes sociales fronterizos. Todo lo contrario, el secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, y el procurador general de la República, el chihuahuense Arturo Chávez Chávez, tratan de convencer de que, a pesar de las percepciones, hay claros avances en la “guerra”, su guerra, contra el crimen organizado, y que el número de homicidios tiende a descender en los últimos meses.
No contaban con los juarenses que representan a las diferentes mesas de trabajo. Médicos, empresarios, académicos y activistas sociales refutan de inmediato las cuentas alegres del gabinete. Las cosas han empeorado los últimos meses; desde la primera visita de Calderón, el 12 de febrero, la situación se torna más violenta. Tan sólo de enero a lo que va de marzo, el número de homicidios dolosos en esta ciudad asciende a 500, cuando en 2009 llegaba a 433 y en 2008 a menos de la mitad. El Observatorio de Seguridad y Convivencia Ciudadana del municipio de Juárez señala que los asesinatos de mujeres, que en 2007 llegaban a 30 en esta ciudad, ascendieron a 96 en 2008 y hasta 163 en 2009. Afirma también que en 2009 Juárez encabezó la lista de las ciudades más violentas del mundo, con 188.7 asesinatos por cada 100 mil habitantes, por arriba de la muy violenta favela Jacarezinho, de Río de Janeiro, con una tasa de 173.6.
Todos concluyen: la presencia del Ejército y de la Policía Federal, lejos de disminuir, ha disparado los guarismos de la muerte y del delito –afirmación que casi al mismo tiempo repite la jefa del Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos, Janet Napolitano–; es más, si no se controla la violencia, de poco van a servir las millonarias inversiones en desarrollo social que anuncia la Federación.
Ante tales golpes de realidad Calderón no tiene más que balbucear su esbozo de filosofía del conocimiento. Reconoce que “… es pésimo que se tenga una percepción de que las cosas están bien cuando están mal, pero también que es malo tener una percepción diferente de la realidad…“
Aun así, la estrategia de Estado no cambia un ápice, si no es aceptar la presencia de agentes de la FBI para investigar las muertes relacionadas con el consulado. A ver quién investiga los otros cientos de asesinatos de jóvenes, de mujeres, de periodistas, de derechohumanistas. Aquí siguen reinando el crimen y la impunidad.
Calderón vino por tercera vez a la frontera. Y ni con su visita, ni con sus discursos podrá extirpar una muy difundida y terrible percepción: para muchas familias juarenses, él no ha sido el presidente del empleo, ni el presidente de la valentía, sino el presidente de la muerte.
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