Solicita el SME a Gómez Mont solución política al conflicto por extinción de LFC

Constituyen en la Cámara de Diputados comisión plural para atender el caso

Exige Esparza cese de “agresiones” de las fuerzas federales y recontratación de 18 mil electricistas

Fabiola Martínez, Enrique Méndez y Roberto Garduño

Periódico La JornadaViernes 26 de marzo de 2010, p. 13

El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) solicitó al secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, “resolver de manera política el conflicto generado por el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC)”.
Para ello, este sindicato exigió el cese de las “agresiones” de las fuerzas federales y la recontratación colectiva de los 18 mil electricistas que no han aceptado su liquidación.
Lo anterior fue expuesto al responsable de la política interna, primero por escrito y luego de manera directa, durante una reunión en Gobernación en la que participaron líderes de organizaciones sindicales, sociales y campesinas, así como el secretario del Trabajo, Javier Lozano.
Al mismo tiempo, en la Cámara de Diputados se integraba una comisión plural para atender el caso SME.
El intento del PAN por truncar la formación de ese grupo legislativo provocó, de acuerdo con dirigentes presentes en el Palacio de Covián, que se levantaran de su asiento los secretarios Lozano y Gómez Mont, “para atender un asunto urgente”.
El líder del SME, Martín Esparza, expuso sus peticiones pero no hubo réplica de los funcionarios federales. “(El secretario Lozano) sólo habló para preguntar quién iba a coordinar la mesa laboral e hizo una pausa para intentar detener, en la Cámara de Diputados, la integración de la comisión plural”, señaló.
El SME entregó a la oficina de Gómez Mont, en punto de las 13:13 horas, una carta en la cual propone al gobierno federal crear una “estructura orgánico-administrativa” para explorar la forma “en que organizaríamos los trabajos de atención del Servicio Público de Energía Eléctrica en la zona central del país con los 18 mil trabajadores del SME que no nos hemos liquidado”.
Los electricistas solicitan regresar a sus puestos de empleo y exigen el reconocimiento de su contrato colectivo de trabajo en LFC, con la representación del propio SME.
“En términos políticos hemos buscado mantener una comunicación directa con usted y con el titular del Poder Ejecutivo para establecer una mesa de diálogo que repare el agravio más severo que generó este decreto, es decir, la pérdida de empleo de los trabajadores del SME”, señala este gremio en la carta dirigida a Gómez Mont.
Le recuerda que la situación de LFC está sub judice, es decir, en suspenso, por lo que “para nuestra organización es prioritario, a la par de los recursos jurídicos, realizar acciones políticas que coadyuven a resolver este conflicto”.
En la reunión y luego en entrevista, Esparza exigió que la Procuraduría General de la República no se inmiscuya en asuntos laborales (supuestamente al solicitar a jueces órdenes de aprehensión en contra de los líderes del SME); pidió también a Gómez Mont que cese el “hostigamiento, intimidación y represión” en contra de los electricistas.
Sesión reventada
Mientras tanto, en San Lázaro, para evitar que se constituyera un grupo de trabajo de intermediación entre el gobierno federal y el SME, el encargado de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, el panista Francisco Ramírez Acuña, reventó la sesión ordinaria de ayer. Con el argumento de que la Junta de Coordinación Política modificó en varias ocasiones la orden del día, el panista decretó el fin de la sesión.
“¡Así no se puede trabajar!”, espetó a diputados de PRI, PAN, PRD y PT que le reprocharon haber concluido la sesión sin dar entrada al acuerdo de la Junta de Coordinación, que pretende un acercamiento con el SME para –explicó el priísta Jorge Carlos Ramírez Marín– “evitar enfrentamientos y tratar de crear una interlocución política”.
El vicecoordinador de la bancada tricolor refirió que la integración del grupo –que se constituyó más tarde pese al veto de Ramírez Acuña– se decidió desde el lunes en la junta, pero su aprobación en el pleno se pospuso a petición del PAN.