Según el gremio, 17 mil 247 trabajadores especializados no han aceptado su liquidación
La dirigencia sindical calcula que el gobierno les adeuda $637 mil millones en sueldos y
La dirigencia sindical calcula que el gobierno les adeuda $637 mil millones en sueldos y
prestaciones
Fabiola Martínez
Periódico La JornadaSábado 27 de marzo de 2010, p. 11
Periódico La JornadaSábado 27 de marzo de 2010, p. 11
El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) prepara para los próximos días una “acción contundente, riesgosa”, para avanzar en el propósito de recuperar su fuente de empleo y demostrar la “ilegalidad” del decreto presidencial de extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC).
Los electricistas reiteraron que su movimiento de resistencia es pacífico y respetuoso de las leyes. Sólo piden que se reconozca su contrato colectivo y se les reincorpore en sus labores.
Un censo elaborado por el gremio indica que de una plantilla de más de 44 mil trabajadores que había en el organismo, 17 mil 247 no han aceptado su liquidación, la mayoría de los cuales tenían puestos especializados en las áreas de distribución y transmisión, pero también hay una franja importante de electricistas procedentes de puestos con remuneraciones menores. En promedio –señala–, los trabajadores en lucha tienen entre 18 y 24 años de antigüedad. Todos ellos están por cumplir medio año sin cobrar salario, porque antes del decreto del 11 de octubre de 2009 les adeudaban sueldos y prestaciones.
En los documentos entregados por el SME al gobierno federal se precisa que, de acuerdo con los cálculos de la dirigencia sindical, encabezada por Martín Esparza, se adeuda a los trabajadores unos “637 mil millones de pesos”.
La suma es muy alta, dijo a este diario un integrante del comité central del SME que elaboró este diagnóstico: “Imaginemos el nivel de jineteo a esa cantidad millonaria; es dinero que corresponde a los electricistas por concepto de pago proporcional de aguinaldo, fondo de ahorro y una semana con tres días devengada hasta el día del decreto ilegal, entre otras prestaciones que el gobierno se ha negado a liberar”.
En la semana que concluye, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio entrada a la solicitud de amparo del SME respecto al referido decreto presidencial, al tiempo que están en curso ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje miles de demandas por despido injustificado.
Un sector de electricistas, alterno al grupo de Esparza, promueve demandas por recontratación en la Comisión Federal de Electricidad, empresa que tomó la operación del suministro de energía en la zona central del país y, por tanto –afirman los demandantes– se convirtió en patrón sustituto, figura prevista en la ley.
En ese contexto, el pasado miércoles el SME entregó a la Secretaría de Gobernación una propuesta para que los cerca de 18 mil empleados que no han cobrado su finiquito se hagan cargo –a través de una contratación colectiva con el sindicato– del servicio público de energía eléctrica en el área señalada, como alternativa para solucionar el conflicto de manera política.
Mientras tanto, los trabajadores se reunieron ayer en asambleas departamentales, seccionales y divisionales para determinar las acciones a tomar en los próximos días. “Será un paso contundente, ciertamente riesgoso, pero firme, hacia la construcción de la victoria”, señalaron los dirigentes consultados.
Entre las acciones previstas se incluyen nuevas gestiones administrativas, que se sumarían a la solicitud de amparo que analiza la SCJN respecto a la “ilegalidad” del decreto emitido por el Presidente Felipe Calderón.
Los electricistas reiteraron que su movimiento de resistencia es pacífico y respetuoso de las leyes. Sólo piden que se reconozca su contrato colectivo y se les reincorpore en sus labores.
Un censo elaborado por el gremio indica que de una plantilla de más de 44 mil trabajadores que había en el organismo, 17 mil 247 no han aceptado su liquidación, la mayoría de los cuales tenían puestos especializados en las áreas de distribución y transmisión, pero también hay una franja importante de electricistas procedentes de puestos con remuneraciones menores. En promedio –señala–, los trabajadores en lucha tienen entre 18 y 24 años de antigüedad. Todos ellos están por cumplir medio año sin cobrar salario, porque antes del decreto del 11 de octubre de 2009 les adeudaban sueldos y prestaciones.
En los documentos entregados por el SME al gobierno federal se precisa que, de acuerdo con los cálculos de la dirigencia sindical, encabezada por Martín Esparza, se adeuda a los trabajadores unos “637 mil millones de pesos”.
La suma es muy alta, dijo a este diario un integrante del comité central del SME que elaboró este diagnóstico: “Imaginemos el nivel de jineteo a esa cantidad millonaria; es dinero que corresponde a los electricistas por concepto de pago proporcional de aguinaldo, fondo de ahorro y una semana con tres días devengada hasta el día del decreto ilegal, entre otras prestaciones que el gobierno se ha negado a liberar”.
En la semana que concluye, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio entrada a la solicitud de amparo del SME respecto al referido decreto presidencial, al tiempo que están en curso ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje miles de demandas por despido injustificado.
Un sector de electricistas, alterno al grupo de Esparza, promueve demandas por recontratación en la Comisión Federal de Electricidad, empresa que tomó la operación del suministro de energía en la zona central del país y, por tanto –afirman los demandantes– se convirtió en patrón sustituto, figura prevista en la ley.
En ese contexto, el pasado miércoles el SME entregó a la Secretaría de Gobernación una propuesta para que los cerca de 18 mil empleados que no han cobrado su finiquito se hagan cargo –a través de una contratación colectiva con el sindicato– del servicio público de energía eléctrica en el área señalada, como alternativa para solucionar el conflicto de manera política.
Mientras tanto, los trabajadores se reunieron ayer en asambleas departamentales, seccionales y divisionales para determinar las acciones a tomar en los próximos días. “Será un paso contundente, ciertamente riesgoso, pero firme, hacia la construcción de la victoria”, señalaron los dirigentes consultados.
Entre las acciones previstas se incluyen nuevas gestiones administrativas, que se sumarían a la solicitud de amparo que analiza la SCJN respecto a la “ilegalidad” del decreto emitido por el Presidente Felipe Calderón.
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