Antonio Turrent Fernández*
E
l juez Guillermo Campos Osorio, titular del juzgado federal 12 de distrito en materia civil con sede en el Distrito Federal, ordenó al Poder Ejecutivo mexicano suspender cualquier nuevo permiso para cultivar maíz transgénico a cielo abierto en México a partir del 17 de septiembre de 2013, mientras se desahoga la demanda colectiva por el derecho humano a la biodiversidad del maíz nativo, levantada por 53 ciudadanos y 20 organizaciones campesinas y urbanas (Miguel Concha, La Jornada, 22/3/14).
Esta orden judicial se emitió previa resolución del magistrado Jaime Manuel Marroquín Zaleta, titular del segundo tribunal unitario en materias civil y administrativa del primer circuito, quien ordenó que la demanda siguiera su curso legal. Con posterioridad, Marroquín reiteró que la suspensión de la siembra de transgénicos debe mantenerse por los riesgos de daño irreversible a la biodiversidad.
La suspensión ha tenido que ser obedecida por el Ejecutivo, durante los últimos 14 meses. La demanda colectiva tiene carácter
difuso, porque en ella se defiende el derecho de todos los mexicanos, actuales y futuros, y tiene pretensión
declarativa, porque no busca la reparación de daños, sino la prohibición permanente de la siembra de maíz transgénico a cielo abierto en el territorio nacional.
¿Por qué sostienen los demandantes que la biodiversidad del maíz nativo es un derecho humano de los mexicanos? Por cinco razones por lo menos: la primera, porque sin los maíces nativos no se podría elaborar los 600 preparados a base de maíz nativo de nuestra cocina pluricultural, con las características organolépticas (textura, sabor, olor y color) que demandamos los mexicanos. Son más de 300 tipos de tamales, tlayudas, totopos oaxaqueños, totopoxtles del golfo, tlacoyos, tortilla de maíz pepitilla, de maíz chalqueño, pozole, elotes de cacahuacintle, etcétera, y bebidas –pozol, tascalate, tejate, tejuino–, atoles como el agrio de Ixtenco, etcétera. Lo que sí se puede preparar con maíces que no son nativos, incluyendo a los importados, es la tortilla industrial de baja calidad organoléptica que actualmente sufrimos los mexicanos urbanos.
La segunda razón: 53 por ciento de la ingesta calórica de la dieta nacional y 39 por ciento de la proteínica proviene del consumo directo del maíz. Sabemos cómo prepararlo como alimento y cómo manejarlo para evitar la contaminación con micotoxinas, que son cancerígenas. Lo que no sabríamos es cómo seguirnos alimentando sanamente si nuestro maíz fuera contaminado genéticamente por transgénicos ya que, como lo sugieren estudios recientes, su consumo por mamíferos experimentales se asocia con daños a la salud de tipo
crónico-subclínico.
La tercera razón: más de la mitad de los 8 millones de hectáreas que cada año se siembran con maíz en México son tierras desde baja calidad agrícola hasta marginales, siendo aprovechadas por millones de familias campesinas. Estas tierras y el maíz nativo los proveen de su fuente de empleo y alimentación. Las variedades modernas mejoradas, nacionales e internacionales, incluyendo a los maíces transgénicos que pretenden vendernos, no prosperan en esas condiciones.
La cuarta razón: los maíces nativos y su ancestro teocintle, ambos ampliamente distribuidos en el territorio nacional, son la única fuente tangible de adaptación genética a los retos que el cambio climático traerá a la seguridad alimentaria. La tecnología transgénica que se nos vende es obsoleta, impredecible, conlleva riesgos y, como el genio en la botella, es imposible regresarlo una vez que se le ha dejado salir. La demanda colectiva y un puñado de jueces incorruptibles que honran al Poder Judicial son lo único que impide que los intereses corporativos trasnacionales, el gobierno mexicano y científicos mexicanos colaboracionistas quiten el tapón a la botella.
La quinta razón: la nación perdería irreversiblemente la soberanía tecnológica sobre su principal alimento básico, mientras que el gobierno actual, por incompetencia o por omisión, contribuiría a la desaparición de cualquier oferta social, privada o pública de semilla de maíz común.
Hay un pequeño colectivo de abogados (Colectivas AC), poderoso en principios, en recursos intelectuales, e incorruptible, que conduce el timón y el motor de la estrategia de litigio de la demanda. También colaboran titanes de la técnica jurídica y los derechos humanos como el maestro Bernardo Bátiz y el padre Miguel Concha. La Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad AC ha proporcionado el respaldo científico requerido. Pero es un enfrentamiento entre David y varios Goliats. ¡Está haciendo mucha falta el refuerzo comprometido de la sociedad civil mexicana para defender este recurso estratégico de la nación!
* Presidente de la UCCS AC, investigador nacional emérito
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