Bernardo Bátiz V.
E
l actual Gobierno del Distrito Federal es, por mucho, el que más votos ha recibido en el transcurso de la corta historia de elecciones en la entidad; el doctor Mancera no sólo fue el primer profesionista del derecho que alcanzó el cargo de jefe de Gobierno, sino también el que con más amplia y clara diferencia, frente a sus contrincantes, llegó al ejecutivo de la capital; esos dos hechos, ser jurista y haber recibido la confianza popular, lo hacen, más que a cualquier otro, deudor del pueblo que en tan gran número y tan confiadamente lo apoyó.
Una parte significativa de esa deuda moral se cubre con el mantenimiento e incremento de los programas sociales, tan bien manejados en su gobierno. Otro abono que puede ser importante para saldar la cuenta pendiente, es la propuesta de incrementar el salario mínimo y haberse empeñado en poner el tema en el centro de la discusión política del momento.
En medio de las tormentas mediáticas, de la violencia real que sufrimos y de lo tenso del ambiente en nuestro país, el tema del pago a los trabajadores asalariados había sido olvidado, y ni políticos, ni académicos, se acordaban de él y mucho menos los boyantes empresarios y los líderes charros que velan por sus propios intereses que por los de la clase trabajadora.
El salario es el pago por el trabajo dependiente, debe tener varias características que lo distinguen de los honorarios de un profesionista, del estipendio de un artesano independiente o de la ganancia de un comerciante; el trabajo asalariado requiere periodicidad precisa en los pagos, sea por quincenas, semanas o catorcenas; exige seguridad, es inhumano retrasarlo o retenerlo y, principalmente, una exigencia indiscutible es que sea suficiente.
Lo óptimo sería que los propios trabajadores fueran dueños de sus empresas bajo un sistema cooperativo y solidario, pero ante la realidad aplastante del neoliberalismo, el salario al menos debe responder a la equidad y ser suficiente para la subsistencia del trabajador y de su familia; sus coordenadas son económicas, pero también éticas, el salario debe cubrir las exigencias de justicia y ser proporcional a la aportación que el trabajador incorpora a la ganancia de la empresa; si el empresario gana mucho, los trabajadores deben ganar mucho, ese es el fundamento del derecho al reparto de utilidades.
El salario no puede, desde el punto de vista de la ética social y en muchos países como en México por exigencia jurídica expresa, estar sujeto a la ley de la oferta y la demanda; el derecho social, rama olvidada de lo jurídico, establece normas protectoras a favor de la parte más débil en la relación laboral y ordena, supliendo la libertad de contratación de las partes, que abandonada a un libre juego es productora de injusticias, que el trabajador tenga siempre un salario suficiente para lo más indispensable y de ahí para arriba, lo más que sea posible para lograr lo cual, hay herramientas: contrato colectivo, sindicato y derecho de huelga.
Y si bien eso dictan ética social y derecho constitucional (artículo 123), la realidad desordenada, malos líderes y pésimos gobiernos, hicieron del salario mínimo una entelequia para medir la inflación, una unidad de intercambio y punto de referencia en la economía, pero no supieron sostenerlo como un ingreso decoroso, justo y digno de un asalariado. La realidad perversa, la ambición de los empleadores, privados y públicos, dejó al salario mínimo muy por debajo del nivel necesario para ser una herramienta de distribución de la riqueza; el salario mínimo es generador de pobreza externa y extrema injusticia. No hay sino celebrar que quien gobierna la ciudad de México haya iniciado un debate para rescatar el concepto y hacerlo útil; con ello cubre, repito, una parte de su deuda con el pueblo que lo eligió.
Estas ideas surgen a partir del impecable encarte que sobre el salario publicó La Jornada en días pasados.
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