De la impunidad estructural y selectiva

Magdalena Gómez

C

iertamente no tenemos buenas cuentas en la aplicación de las reformas constitucionales en materia de justicia, como bien lo documenta el informeDel papel a la práctica, elaborado por el Centro Pro, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia y la Universidad Iberoamericana. Dos días antes de que el informe referido fuera presentado, el caso Tlatlaya, que forma parte del mismo, cobró nuevo aliento. Recordemos que el 30 de junio de 2014 en la bodega de San Pedro Limón soldados dispararon contra 22 civiles que fallecieron en el lugar. La propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en su recomendación 51/2014, concluyó que al menos 15 de los 22 fallecidos en un presunto enfrentamiento fueron ejecutados extrajudicialmente. A tres años y luego de una serie de juicios, el juzgado decimocuarto de distrito de amparo en materia penal en Ciudad de México consideró fundada la solicitud de amparo 545/2017, promovida por el Centro Pro, por parte de una de las testigos de los hechos (Clara Gómez González, madre de una de las mujeres que murió en Tlatlaya), en la que señaló a la autoridad ministerial, las omisiones de realizar una investigación efectiva y eficaz de los hechos acontecidos en la localidad de Tlatlaya, estado de México, así como de la orden militar en la que se establece el abatimiento dedelincuentes en horas de obscuridad, dirigida a la base de operaciones a la que pertenecían los militares involucrados, al igual que lo relativo a la cadena de mando, y unificación de la investigación. Se resolvió que le asiste razón a la parte quejosa, al señalar que ante la falta de acción ha vulnerado los derechos fundamentales, en este caso de la víctima, así como en detrimento de las facultades de investigación conferidas por mandato constitucional. Asimismo se determinó que, para evitar la fragmentación del caso, la PGR debe integrar todas las investigaciones que ha realizado en un solo expediente.

La errática justicia, más evidente tratándose de militares involucrados, tiene también el antecedente de que en mayo de 2016, el sexto tribunal unitario, con sede en Toluca, ordenó liberar por falta de elementos para procesar a tres militares, señalados como presuntos responsables de delitos relacionados con homicidios y alteración del lugar de los hechos. Anteriormente, otros militares también quedaron en libertad por falta de elementos.

No se ven condiciones de que este tipo de investigaciones avancen, pues resulta muy grave la reiterada postura oficial de pretender tender un manto de impunidad sobre hechos que involucran a militares. Si no veamos la investigación sobre los crímenes del 2 de octubre de 1968, más recientemente Ayotzinapa y Tlatlaya entre otros. Lo que se exige es investigación y deslinde de responsabilidades en hechos concretos y la estrategia de Estado consiste en aseverar que tal demanda es un atentado a la institución militar. Sólo este año encontramos una sucesión de reuniones, en las que Enrique Peña Nieto arropa al Ejército con expresiones como “se ha ganado el cariño de los mexicanos… Cada día se acrecienta en mi fuero interno el reconocimiento a soldados y marinos”. Por último se enfiló contra quienes descalifican los valores de las fuerzas armadas por ignorancia o por dolo y agregó que quienes denigran a las fuerzas armadas denigran a México. (La Jornada, 28/3/17)

El Centro Pro ya declaró que esta resolución del juez debe cumplirse y la PGR hacerse cargo de subsanar las deficiencias estructurales en su funcionamiento, de paso, también abordó los riesgos de que el Congreso apruebe una ley de seguridad Interior, sin los debidos controles sobre el despliegue de las fuerzas armadas en tareas de seguridad. En contraste, el Presidente de la República argumenta que dicha legislación es necesaria y que la labor de las fuerzas armadas es subsidiaria y temporal. Si observamos el virtual desastre del sistema de procuración de justicia, no se ve que existan condiciones para la supuesta temporalidad.

Cada resolución que perfila un cuestionamiento a investigaciones que involucran a militares provoca una suerte de campaña de reivindicación o desagravio, así debemos leer la postura de la fracción del PRI en la Cámara de Diputados, al difundirse el amparo aludido, con el anuncio de que el Presupuesto de Egresos de 2018 incluirá un incremento al gasto del Ejército y la Armada: Queremos robustecer a las fuerzas armadas, que son motivo de orgullo nacional; a las que tenemos que cuidar y equipar en el sentido más amplio de la palabra (César Camacho Quiroz, coordinador de los priístas en San Lázaro. La Jornada 18/8/17). Todo este entorno constituye una presión fuerte hacia el Poder Judicial, cuando alguna o alguno de sus integrantes decide cumplir con su responsabilidad y enfrentar en los hechos a la institución que más que procurar justicia la impide. Las evidencias abundan sobre diversos casos en el informe Del papel a la práctica.