México SA

Lozoya: tercera llamada // Energía: contratos ilegales

Carlos Fernández-Vega

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esde que la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una orden de aprehensión en su contra, el mensaje de Emilio Lozoya Austin fue nítido: si caigo yo, enciendo el ventilador y caen todos. Y cayó; sólo faltan los demás, que no son pocos, y todo apunta a que, tarde que temprano, terminarán en una celda junto con el ex director general de Petróleos Mexicanos.

Ayer, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, informó que Emilio Lozoya Austin presentó formalmente, ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional del Reino de España, su solicitud por escrito en la que acepta la extradición requerida por esta Fiscalía General y manifiesta su consentimiento expreso para ser entregado a las autoridades mexicanas, ofreciendo su colaboración para establecer y esclarecer los hechos que le han sido imputados.

Casi un año atrás, el 5 de julio de 2019, un juez federal con sede en la Ciudad de México libró una orden de captura contra Lozoya Austin, tres de sus familiares y una empresaria de bienes raíces (Marielle Helene Eckes, esposa; Gilda Margarita Austin, madre; Gilda Susana Lozoya, hermana; y Nelly Maritza Aguilera Concha), de acuerdo con lo publicado por La Jornada (Gustavo Castillo). Para ese entonces, el ex director general de Pemex ya estaba fuera del país y a partir de entonces se convirtió en prófugo de la justicia.

Y así como Lozoya se ufanó de que nadie lo tocaría, su abogánster, Javier Coello Trejo, se la pasó presumiendo que su cliente nunca pisará la cárcel, y a quien se le ocurriera intentarlo el ex director de Pemex tenía toda la información sobre quiénes, cuándo y cuántos metieron la mano a los dineros de la ex paraestatal y su participación en otros jugosos negocios. En pocas palabras, tenía el control del ventilador.

Pero Lozoya sí fue a la cárcel y ahora Coello Trejo fue renunciado por quien nunca pisaría la cárcel. El abogánster se quedó sin el jugoso negocio que le representaba la defensa del ex director de Pemex, quien regresará a México dispuesto a contarlo todo y a involucrar a todos, siempre pensando en la posibilidad de obtener una sustancial reducción de su condena o, de plano, la libertad condicional a costillas de prisión para todos los involucrados en los enjuagues del sexenio peñanietista.

Gertz Manero recordó un pasaje por demás interesante: el 25 de enero de 2017, en la administración anterior, la entonces PGR (en ese momento su titular era Raúl Cervantes Andrade) inició una investigación por delitos patrimoniales en el caso de la empresa Ode-brecht, misma que no concluyó en más de dos años, razón por la cual al inicio de las funciones de la nueva Fiscalía tuvimos que retomar ese caso para establecer, con toda precisión, los delitos cometidos y los posibles responsables. Entre ellos, todos los referentes al extraditado (Lozoya), obteniéndose de inmediato el aseguramiento de inmuebles vinculados con el lavado de dinero. En este nuevo lapso, y durante 2019, Petróleos Mexicanos también denunció ante esta Fiscalía delitos por operaciones con recursos de procedencia ilícita, en el caso de la empresa Agronitrogenados.

En castellano simple, el gobierno de Enrique Peña Nieto se dedicó a cubrir a Emilio Lozoya con el manto de la impunidad, al igual que a los demás implicados en los negocios sucios a costillas de Pemex (y en muchas otras instituciones) y se empeñó en congelar y/o desaparecer las acusaciones y pruebas relacionadas con la comisión de delitos. Gertz Manero anota otro buen gol. Ya no hay pretexto: el ex director de Pemex regresará a México y se espera que no pase mucho tiempo para que sus otrora protectores y socios con él compartan el pan, la sal y el jabón en algún reclusorio nacional.

Las rebanadas del pastel

Llegó la respuesta presidencial para los quejosos del sector privado dedicados a generar energía eléctrica: “se entregaron contratos a particulares cuando la Constitución no lo permitía; la mayoría de ellos se hicieron de manera fraudulenta, que fue el modus operandi”. Y a todo esto sus beneficiarios le llaman estado de derecho y certidumbre jurídica.

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