Reforma laboral panista: cinco impactos más sobre la seguridad social

Gustavo Leal F.*

Además de que por el nivel de la cuota obrero-patronal resultante de la iniciativa panista, el cuadro vigente de prestaciones, pensiones y salud del IMSS e Issste no podrán ser financiadas adecuadamente, así como de los gravosos efectos de la legalización de la tercerización (outsourcing), hay aún que agregar cinco impactos más.



1. En la iniciativa, la Tabla de Enfermedades de Trabajo y la de Valuación de Incapacidades Permanentes que hoy contemplan los artículos 513 y 514 de la LFT dejan de estar incorporadas a ella para convertirlas en una clasificación meramente administrativa, donde pierden el carácter de derechos laborales básicos.



Apenas en junio de 2008, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), la Secretaría de Salud (Ssa), el IMSS y el Issste acordaron “modificar y actualizar” esa tabla para hacer una “más completa y equitativa identificación de las enfermedades laborales y más precisos los parámetros de evaluación de estos padecimientos”.



Para ello se establecieron las siguientes reglas: incorporación de nuevos pade- cimientos que han sido sustentados por su relación con el trabajo y la afectación de la salud de los empleados; determinar de manera precisa quiénes están expuestos a afectaciones por el tipo de actividad que tienen; adicionar elementos clínicos y de laboratorio requeridos para la elaboración de diagnóstico y evaluación de enfermedades laborales y diseño de una evaluación objetiva de la capacidad residual de los trabajadores en función a su calidad de vida y aptitud para el trabajo”.



El ordenamiento propuesto por el PAN minimiza y soslaya el costo social que ya impone la dinámica de nuestro perfil de morbi-mortalidad.



2. La iniciativa contempla también la obligación de registrar a los trabajadores rurales eventuales y de temporada. Ello contrasta con la realidad del trabajo forzoso. Pues como puntualiza Roger Plant, “el problema es un círculo vicioso, que inicia por la ausencia de una legislación efectiva para sancionar la práctica, seguido por la inexistencia de recursos para enjuiciar a los culpables. No basta con que los Estados se limiten a sancionarlo como delito. Deben también subsanar los aspectos estructurales que lo favorecen, las deficiencias de las políticas públicas de desarrollo social y las fallas del mercado que lo aumentan”.



El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan en Guerrero lo plantea con precisión: “En el fondo están un sistema económico que se basa en esquemas como el de la agroindustria y un Estado que no vigila y regula. Los empresarios hacen lo que quieren y el gobierno no se preocupa por los pobres. Hay descontrol en lo que concierne a salarios y condiciones de trabajo. Lo que publican los medios no trasciende. Ponen atención cuando hay alguna tragedia y luego queda otra vez en el olvido”.



Apenas en enero de 2011, el IMSS amplió la vigencia del decreto presidencial que otorga beneficios fiscales a los trabajadores eventuales del campo y a los productores hasta el 31 de diciembre de 2012.



La iniciativa pretende “registrar”: ¿para justificar el despido libre y sin costo contra los jornaleros agrícolas?



3. El ordenamiento propuesto por el PAN tampoco puede ser aprobado porque estos impactos acontecen en el cuadro de una sobrecarga de trabajo y abatimiento salarial sin par en el horizonte latinoamericano.



El mercado laboral mexicano es uno de los más flexibles, con una tasa de rotación de 70 por ciento anual. Y aunque la jornada de 40 horas ya rige en 50 países del orbe, por la iniciativa panista los trabajadores mexicanos seguirán enfrentando una de las más largas. Compárese: Chile, 45 horas, Brasil, 44. Jornada que se acompaña de períodos vacacionales más cortos y el salario mínimo más bajo: 134 dólares. Compárese nuevamente esto último: Uruguay 300, Brasil 318, Chile 372, Argentina 475.



La iniciativa potencia los efectos regresivos de esta realidad. No busca mejorarla. Eso la hace ética, técnica y políticamente del todo inviable. Sólo agrava el estado del asunto público.



4. Al tercer trimestre de 2010, la contratación a tiempo parcial en Europa ya alcanzaba 25% en Suecia, 26% en Alemania, 27% en Reino Unido y 49% (¡sí, 49%!) en Holanda. Ello pulveriza las contribuciones a la seguridad social (pensiones y salud) si se carece de los sistemas universales con que cuentan esos países. Pero no es el caso de México.



5. La iniciativa tampoco mejora el horizonte de la estabilidad laboral establecido en la ley vigente. Al contrario: impone una precarización creciente del ciclo de la vida laboral. No moderniza: precariza. Es un salto hacia atrás. Incrementa las intensidades de la jornada de trabajo con menos derechos, mínima protección social, pensiones a la baja y servicios de salud cada vez más compactados.



No construye una combinación equilibrada y moderna entre protección social y nuevo entorno laboral, que es lo que se requiere. Dinamita el arreglo del siglo XX. Pero no está en el XXI. Hunde el soporte financiero y la misión cohesiva de la salud y seguridad social de los mexicanos.



En suma: la “nueva” combinación de la propuesta panista está antes de la norma vigente ¡de 1970! Es preciso tomar todo el tiempo que sea necesario, todo, para seguir armando un modelo equilibrado de protección social en la era de la globalización y a la altura de lo que somos en el siglo XXI. Esa iniciativa no puede ser aprobada sin un ajuste de raíz.



*Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco