México SA

Larrea va por BC

Ecocidio a la vista

Plomo para niños

Carlos Fernández-Vega

Voluntarios muestran el interior de la mina carbonífera de Pasta de Conchos, en Coahuila, donde en 2006 quedaron sepultados 63 obreros. Dentro se observa una camilla de rescate colgada entre vigas de madera  Foto Leopoldo Ramos/ Archivo

G

rupo México, de Germán Larrea, no deja de atentar contra los habitantes de este país: sus concesiones mineras cercanas a Taxco, Guerrero, son verdaderas lagunas de desechos tóxicos, y pese a que las tiene cerradas desde hace ocho años, el gobierno fede- ral no se las ha retirado. En Cananea, Sonora, ha contaminado toda la zona y, de paso, la vida de la comunidad, amén de ser causante del peor desastre ambiental de la industria minera del país(Semarnat dixit), pero los favores gubernamentales permanecen intocados. En Chihuahua dejó un regadero de plomo tras el cierre de su Fundidora de Avalos, en cuyo terreno se construyó un fraccionamiento habitacional que, entre otras gracias, ha dejado a cientos de niños intoxicados por ese metal pesado, y así por el estilo. Con todo, la Profepa ha certificado al consorcio como industria limpia.

Lo anterior, sin olvidar el homicidio industrial en la mina Pasta de Conchos, Coahuila (65 mineros muertos, de los cuales 63 permanecen bajo toneladas de rocas), más lo que se queda en el tintero, parece no saciar las ambiciones del impune barón de la minería, porque Larrea va con todo para destrozar la ecología de otra zona de la República donde “desarrolla un proyecto a cielo abierto (que está más andado que nada) denominado El Arco, un yacimiento de cobre de clase mundial ubicado en la zona central de la península de Baja California, con reservas de mineral de más de mil 500 millones de toneladas. Se espera que cuando esté terminado produzca 190 mil toneladas de cobre y 105 mil onzas de oro al año.

Como siempre, el gobierno federal finge demencia (léase mantiene la complicidad con este nefasto personaje, a pesar de los destrozos por él causados), pero las víctimas de este proyecto, que no son otras que los habitantes de la región, comienzan a reclamar. La nota de La Jornada Baja California, con la firma de Antonio Heras, dice así: el Congreso del estado solicitó a los gobiernos estatal y federal información sobre la concesión en favor del Grupo México para explotar una mina de oro y cobre en la comunidad de El Arco, en la zona limítrofe con Baja California Sur, con una técnica altamente contaminante para las áreas naturales protegidas de la región. Tras señalar que el Grupo México tiene amplio y negro historial de incidentes y contingencias provocadas por negligencias y una actitud irresponsable, un legislador advirtió que la concesión se otorgó al grupo de Germán Larrea, considerado el segundo hombre más rico de México y uno de los principales beneficiados con la privatización del sector minero.

De acuerdo con el legislador, desde hace años el consorcio empresarial Grupo México tiene interés en extraer minerales de los yacimientos de cobre y oro con base en la explotación a cielo abierto, una técnica minera altamente depredadora y contaminante de suelo, agua y aire. El anuncio sobre la instalación, que se registraría a finales de 2014, destacó que generó preocupación e incertidumbre entre casi 60 mil pobladores de El Arco, ubicado en el área natural protegida de la reserva de la biosfera de El Vizcaíno y en la zona de amortiguamiento del Valle de los Cirios.

La solicitud del Congreso local es para que la Comisión Nacional del Agua y las secretarías de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, y de Economía proporcionen los expedientes de las autorizaciones de impacto y riesgo ambiental del proyecto de El Arco, así como las concesiones mineras otorgadas por la coordinación general de minas a Grupo México y Mexicana del Arco, incluyendo las concesiones y perforación de pozos de agua. Hace dos meses un legislador solicitó información relacionada con este proyecto minero a la delegación de la Semarnat en Baja California, instancia que respondió que no existe ninguna solicitud de autorización en materia de impacto ambiental para la instalación y/o operación de alguna mina del Grupo México en esa parte de la península de Baja California.

Que nadie sabe ni ha autorizado nada, pero el hecho es que datos de la dirección de minería del gobierno de Baja California señalan que la empresa realiza desde hace varios años trabajos de exploración, además que el estudio de factibilidad lo concluyó en 2010. A partir de ese año, la empresa filial del Grupo México destinó 56 millones de dólares para la compra de tierras en la zona. A principios de este año solicitó a la Semarnat la autorización para la perforación a diamante con recuperación de núcleo, para investigar a profundidad el comportamiento de la mineralización en la localidad de El Arco, Baja California.

Hasta allí La Jornada Baja California, pero información oficial de la Secretaría de Economía revela que Grupo México, por medio de su subsidiaria Mexicana del Arco, ha recibido cuando menos 13 concesiones mineras desde 2005 (algunas de ellas con vigencia hasta el año 2063)para hacer lo que le plazca en aquella zona limítrofe entre los dos estados citados, y un número indeterminado de permisos de la Conagua para perforar pozos y extraer agua del subsuelo para utilizarla masivamente en elproyecto minero de El Arco (alrededor de 50 mil hectáreas), en una región donde si algo escasea es el agua.

Otro botón de la elevadísima toxicidad del Grupo México y de su dueño Germán Larrea lo aporta el semanario Proceso, en cuyas páginas se denun- cia que el gobierno del estado de Chihuahua ocultó durante dos años estudios y expedientes de niños residentes del fraccionamiento Rinconadas Los Nogales, que rebelan posibles riesgos en su salud por los niveles de plomo en la sangre que varios de ellos sufren. Luego que los expedientes fueron difundidos y de que los padres de familia y maestros exigieron atender médicamente a las niñas, niños y adolescentes en probable riesgo, las autoridades se han encargado de minimizar la problemática. El complejo habitacional se encuentra sobre la antigua Fundidora de Ávalos, propiedad del citado consorcio minero, cuyos terrenos fueron adquiridos por el gobierno de la entidad y en los que, entre otras cosas, se construyó el CRIT del Teletón.

Con todo, el gobierno federal mantiene impune al Grupo México y las concesiones mineras se las otorga una sobre la otra.

Las rebanadas del pastel

Como recordar es vivir, va de nuevo el chistorete del titular de la Semarnat, Juan José Guerra Abud: tratándose de daños ecológicos, no vamos a permitir que una empresa deje de ser sancionada en los términos que marca la ley.

cfvmexico_sa@hotmail.com