Astillero

 Acumulación de protestas

 Educación; ahora salud

 Contra la universalización

 La cabeza de Nuño

Julio Hernández López

DISPUESTOS A ENMENDAR LA 3 DE 3. Emilio Gamboa y Miguel Barbosa, coordinadores del PRI y del PRD en el Senado, respectivamente, dijeron estar dispuestos a recibir las observaciones que realice el titular del Poder Ejecutivo a la llamada ley 3 de 3, de tal forma que se mejore la legislación que propicie la transparenciaFoto Roberto García Ortiz

E

l mal humor social del que Enrique Peña Nieto hablaba casi con tono anecdótico en semanas pasadas se ha convertido en una acumulación de protestas callejeras y una extendida percepción de que el manejo del país está en condición crítica. No son solamente los resultados en términos concretos: también es el ánimo y la postura pública de los principales funcionarios federales, muchos de los cuales parecen nuevamente tomados por sorpresa por la evolución de conflictos sociales que se supone deberían tener cuidadosamente medidos. Pasmados, elusivos, recurrentes en cuanto a fórmulas discursivas huecas, sobrellevan las cosas, vuelan, como lo hará el ocupante de Los Pinos hacia Canadá y Chile, en un viaje que comienza justamente el domingo próximo.

Las manifestaciones de disenso han encontrado puntos de convergencia que las potencian. Ayer se manifestaron en todo el país trabajadores de la salud, quienes decidieron dar visibilidad a los múltiples problemas que viven cotidianamente y por los cuales suelen ser señalados y denunciados por usuarios que no siempre tienen información de las carencias estructurales que llevan en muchos casos a médicos, enfermeras y empleados en general a negar atención o a prestarla de manera defectuosa.

La degradación de los servicios de salud pública ha tenido como contexto la institucionalizada corrupción que ha ido mermando la capacidad financiera de los diversos entes relacionados con el tema. Durante décadas se ha colocado a la cabeza de institutos públicos de salud a políticos que han aprovechado los cargos para traficar con contratos, compras y asignaciones varias. En los años recientes el daño económico ha sido inocultable, pues entre otros de sus signos se ha visto la disminución de la calidad de los servicios, la falta de medicamentos y la sustitución de algunos por otros de menor calidad y las fallas de equipos especializados.

Los trabajadores de la salud rechazan el tal proceso de universalización, porque exactamente son ellos quienes saben de la inviabilidad del planteamiento de primer mundo que pretende facilitar a cada cual el ser atendido en cualquiera de los institutos de salud pública disponibles. Si en la actualidad es sumamente difícil recibir atención aceptable en donde corresponde al derechohabiente, peor será cuando acuda a otros, por más que la propaganda oficial se esmere en promover supuestas bondades del nuevo mecanismo. Además, los derechos laborales de los empleados de la salud púbica también están en riesgo, en este mover de cartas que en el fondo, como en el juego de dónde quedó la bolita, busca mover y remover todo para disimular, llevando los servicios y la plantilla laboral a la baja, que esa estructura gubernamental ha sido llevada a terrenos críticos y que en el horizonte, aunque los funcionarios en turno declaren lo contrario, está el fantasma de la privatización.

La aparición de manifestantes de blanco en las calles del país (que también denunciaron las continuas agresiones de parte del crimen organizado) coincidió con el punto alto de las protestas nacionales por el asesinato de al menos nueve personas en Nochixtlán, Oaxaca, y en contra de la mal llamada reforma educativa. En varios casos las marchas abrazaron los propósitos de cada ámbito, aun cuando no haya fusión organizativa ni programática. Batallas sociales muy localizadas, con poca trascendencia más allá de sus propósitos, igualmente engarzaron sus movilizaciones y denuncias con la lucha de los profesores y, ahora, con los trabajadores de la salud. No hay evidencia de que esas expresiones de molestia política y social se encaminen a una vertebración duradera pero, por lo pronto, dan cuenta de un ánimo de enojo popular que losgobernantes no deben desdeñar.

A la hora de entregar esta columna no se conocían los resultados del encuentro que sostendrían los dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Sobre la mesa de Bucareli fue puesta la demanda concreta de que sea depuesto Aurelio Nuño Mayer, el secretario de Educación Pública que aseguraba que no habría ninguna mesa de diálogo en tanto los profesores opuestos a la reforma educativa no aceptaran la validez inatacable de ésta (grosera pretensión del envalentonado Aurelio: dialogar sobre banderas de lucha hasta que los portadores renunciaran a ellas).

La instalación de esa mesa de diálogo en Gobernación, así durara unos minutos y así no llegara a arreglos, significa una desautorización oficial de la monolítica postura original del secretario Nuño, que quiso ser sargento y terminó en condición de zombi, cadáver político andante. Su salida pudo darse con cierta naturalidad el martes en que fue anunciado el diálogo con el precandidato presidencial Osorio. Ahora, ya enarbolada esa demanda por la CNTE, la caída del sucesor de Emilio Chuayffet significaría una derrota evidente para Los Pinos, que ya tuvo que poner a platicar a Osorio con la CNTE bajo la enorme presión de los hechos criminales de Nochixtlán y Oaxaca, y ahora correrá con la cuenta negativa de sostener al ya inviable Nuño o removerlo y dar muestra de debilidad.

No sería, en todo caso, la única ocasión en que Los Pinos dé marcha atrás ante las presiones. Está en camino de hacerlo ante los dirigentes empresariales que se han manifestado, incluso en las escalinatas del Ángel de la Independencia, contra los términos en que quedó el revoloteo llamado ley 3 de 3. No sólo ha preocupado a los hombres de negocios el debilitamiento de las fórmulas de transparencia que buscaban imponer a los políticos sino, en especial, la venganza de éstos al extender a los empresarios la misma carga declarativa triple en aquellos casos en que recibieran recursos públicos. Peña Nieto de inmediato se reunió con la cúpula empresarial, el coordinador de los senadores priístas, Emilio Gamboa, aceptó que fue errónea la redacción de la parte relacionada con la iniciativa privada y Miguel Ángel Mancera ha solicitado que haya correcciones. ¡Hasta mañana!

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