Breve memorial de agravios constitucionales

Magdalena Gómez

E

stán por cumplirse tres años de la promulgación de las reformas a los ar­tículos tercero y 73 constitucionales y la emisión de legislación secundaria que conforman el sustento jurídico de la mal llamada reforma educativa, los mismos que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ha exigido su abrogación. A partir del pasado 15 de mayo incrementó las movilizaciones en gran parte del país.

Como ha sido denunciado, dicha reforma tiene su eje de aplicación en la evaluación punitiva hacia los maestros, sin considerar siquiera la opción también legal de evaluaciones internas en las escuelas, que no impliquen afectar la permanencia laboral del magisterio. A la fecha, la Secretaría de Educación Pública (SEP) no ha presentado un proyecto que de manera integral aborde la problemática educativa, mucho menos ha convocado a los maestros para tales efectos. Su discurso ha sido de denostación al magisterio, a la propia CNTE a cuyos líderes ha criminalizado y a algunos de ellos los mantiene en prisión. El lema es evaluar y cesar a toda costa. Es difícil suponer que quienes se han presentado a las evaluaciones lo hayan hecho en ánimo pedagógico o de genuina aceptación de la mal llamada reforma educativa, de manera que las cifras que se difunden desde la SEP podemos señalar que lo son del miedo que entraña perder su permanencia en el empleo. Tal es el telón de fondo de las movilizaciones de la CNTE exigiendo diálogo, tal es la responsabilidad del Estado que buscó el desgaste de dicho movimiento hasta el punto de la participación de policías federales en lo que se conoce ya como la masacre de Nochixtlán, Oaxaca, el pasado 19 de junio. Es en ese contexto de movilización y represión que se ha iniciado el diálogo de la CNTE con la Secretaría de Gobernación. Mientras, se amplía la solidaridad y la exigencia de justicia en casi todo el país, incluso fuera de él. La CNTE llega al diálogo con el apoyo tanto de padres de familia como otros sindicatos, autoridades municipales e indígenas, particularmente de Oaxaca, académicos, estudiantes universitarios y escritores.

El pasado 22 de junio la CNTE reiteró ante el secretario de Go­bernación la exigencia sobre la abrogación de las reformas constitucionales y legales, sin que tuviera aceptación a la misma. Obviamente hay caminos formales para ello, hay facultad del Ejecutivo para presentar iniciativas y pactar con las fracciones parlamentarias; puede hacerlo y corregir sería inédito, ciertamente, pero resulta indispensable. La CNTE mantiene la demanda; sin embargo, se acordó buscar caminos de corto y mediano plazos, construir rutas, trabajar en la distensión, abordar el tema de justicia en Nochixtlán y reunirse de nuevo para construir una agenda. La exigencia por resultados del diálogo es más amplia que la propia CNTE, pues el futuro de la educación y la dignidad del magisterio son de interés nacional.

No es único el agravio educativo constitucional, el gobierno federal debería tenerlo muy presente. A partir de 1992 se han consumado diversas reformas consideradas estructurales en el proyecto neoliberal. Ello ha implicado vulnerar y trastocar los que fueron principios básicos de la Constitución de 1917, corolario de la revolución social. Los artículos tercero, 27 y 123 eran expresión acabada del nuevo proyecto nacional. El 27 fue reformado durante el salinato para propiciar que principalmente las tierras ejidales ingresaran al mercado, entre otras implicaciones justificadas en la necesidad –de­cían– de dar certidumbre jurídica y acabar con situaciones de hecho, pues las tierras –agregaban– se rentaban fuera de la ley. Hoy, como tendencia, se venden y no se registra tal operación. Dicha reforma se ha mantenido y promovido, pese a las numerosas protestas campesinas e indígenas. A ello se sumó el incumplimiento de los acuerdos de San Andrés, firmados entre el gobierno federal y el EZLN. La contrarreforma constitucional del artículo segundo en 2001 también se encuentra en el memorial de agravios. Por otra parte, contra el precepto de que la propiedad originaria de los recursos naturales corresponde a la nación, el actual gobierno ha dado dos pasos fuertes en materia energética para otorgar concesiones y abrir al capital trasnacional con la creación de zonas económicas especiales. Estas últimas también han provocado acciones de resistencia jurídica y de movilización. Y es sólo el inicio. No es casual que campesinos, indígenas y trabajadores vean en la lucha magisterial la posibilidad de fortalecer y unir sus resistencias para detener el embate neoliberal, porque no es poca cosa el caudal de agravios perpretrados con la Constitución como instrumento. El Estado tendría que hacer un alto en el camino, iniciar un proceso donde se construyan conjuntamente las propuestas para atender la problemática educativa, garantizar la permanencia del magisterio y la de los valores de la educación en su carácter público, laico y gratuito.