Asa Cristina Laurell*
F
altan dos años y medio del sexenio de Peña Nieto y el compromiso de instrumentar la Seguridad social universal se encuentra estancado. Dentro de ésta el Sistema Nacional de Salud Universal tampoco ha avanzado. Sin embargo, durante los meses recientes no ha pasado semana sin declaraciones sobre la próxima universalización de los servicios de salud. En particular EPN firmó en abril el
Acuerdo Nacional hacia la Universalización de los Servicios de Saludcon la Secretaría de Salud (Ssa), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) y los gobernadores del estado de México y de Oaxaca, ambos con servicios de salud muy deficientes, y Baja California Sur, entidad piloto desde hace tiempo.
Se dio mucha divulgación a la incorporación de siete millones de estudiantes al IMSS y a todos los beneficiarios de Prospera y de la pensión para adultos mayores al Seguro Popular.
El anuncio del aseguramiento de unos siete millones de estudiantes de instituciones públicas de educación media superior y superior al IMSS es una noticia vieja, ya que se estableció hace casi tres décadas. La razón de la no incorporación de unos siete millones de beneficiarios de Prospera hasta ahora se debe a que no residen en localidades con centros de salud.
¿Por qué entonces se hace una campaña de afiliación al IMSS y al Seguro Popular? Según expertos en la medición multidimensional de la pobreza, es probable que el objetivo es mejorar los componentes de salud y de seguridad social bajando las carencias en salud en la encuesta que se levantará en el segundo semestre de 2016. En 2014 casi 22 millones de personas carecía de un seguro de salud, dato muy semejante al número del Conteo de 2015. Si la campaña lograra que unas 14 millones de personas más reportaran tener un seguro, el dato de no asegurados bajaría a ocho millones o siete por ciento de la población.
Este ilusionismo de los números poco tiene que ver con el acceso oportuno a los servicios. Antes al contrario, sobrecargarían todavía más los servicios públicos y no significarían más recursos para responder a la nueva demanda. Incluso en 2012 el IMSS proponía un incremento de la aportación federal para el seguro estudiantil para equilibrarlo, pero esta propuesta no se ha mencionado ahora.
Por otro lado, una lectura más cuidadosa de las declaraciones del comisionado nacional del Seguro Popular sobre la universalidad revela que no tiene novedades. Se trata sólo de un pequeño paso más en el
intercambio de serviciosbajo convenios de gestión entre la instituciones del sector público en algunas partes del país donde hay capacidad instalada sobrante y principalmente involucra a servicios auxiliares de diagnóstico, como mastografías o estudios de resonancia magnética.
Está avanzando el costeo de los protocolos de atención, pero no tiene mucha cabida en el sobresaturado sector público donde hay pocos servicios que vender. Sin embargo, los protocolos tienen importancia para el sector privado si pudiera administrar los fondos públicos y comprar servicios a algunos grupos de asegurados dispuestos a realizar un pago extra para acceder a los prestadores de servicios privados. Es la propuesta de la OCDE, de Funsalud y de la Asociación de Instituciones de Seguros (AMIS). En este escenario podrían cobrar vigencia el
Seguro Popular para la clase media, el
Seguro Popular competitivoo cualquier otro esquema de asociación o mezcla público-privada. Otra propuesta muy atractiva para el sector asegurador privado es administrar la compra de los servicios de gastos catastróficos del Seguro Popular. En este contexto, hay que recordar que se reformó la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas en 2015 para favorecer el aseguramiento privado en salud.
El IMSS, por su parte, ya utiliza varios tipos de asociaciones público-privadas. Lo hace a gran escala con los servicios de hemodiálisis, de laboratorio, de limpieza y de ambulancias al igual que el ISSSTE. El IMSS, además, está haciendo una prueba piloto de atención a grupos de diabéticos mediante un pago fijo por persona, asesorado por la oscura consultora internacional IMS Health. Esta empresa asegura tener una base de datos de más de 500 millones de pacientes, algo preocupante en vísperas de la expansión de los expedientes clínicos electrónicos en México. Ofrece un gran espectro de servicios dirigidos principalmente a empresas privadas involucradas en el sector salud y también a ministerios de salud.
Estas son las evidencias de un proceso silencioso de privatización al tiempo que se publicita ampliamente la universalización en salud.
*Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco
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