Bernardo Bátiz V.
A
ntier las autoridades de la Ciudad de México formalizaron la entrada en vigor del llamado Sistema de Justicia Penal, aprobado hace ocho años y del que son columnas fundamentales los juicios orales y los procedimientos bajo el sistema acusatorio; en ésto el jefe de Gobierno y el presidente del Tribunal de Justicia de la capital se adelantaron y dieron cumplimiento al mandato constitucional antes de que se venza el plazo y de que el Presidente de la República ponga en vigor en todo el país la tan anunciada reforma penal.
Hoy, pasadas las 12 de la noche, con el término prácticamente vencido, el Presidente de la República, en un acto formal y no sin rasgos teatrales, dará un solemne golpe con un mazo, símbolo de la autoridad de los jueces, para indicar urbi et orbi que llega a México, finalmente, la esperada justicia moderna y expedita.
Qué bueno que el jefe de Gobierno de la capital vaya unos pasos adelante del Presidente de la República, lo que hace honor a la entidad que gobierna, ciudad que por lo general es modelo de avances y reformas progresistas; esto a pesar de que, con prudencia, lo señaló Édgar Elías Azar, presidente del Tribunal Superior de Justicia, en oportuna y atinada entrevista publicada en La Jornada el pasado 15 de junio (por el reportero Alejandro Cruz Flores):
se prevé que pueden surgir muchos problemas.
La verdad es que el Poder Judicial de la Ciudad de México ha tomado con tiempo importantes medidas al respecto. Como litigante que soy me ha tocado participar en procesos orales, tanto en materia familiar como en mercantil y puedo constatar que las salas de audiencia están bien pensadas, son decorosas y sirven para el destino que las reformas de hace ocho años les asignan.
No dejo sin embargo de reiterar reflexiones que he compartido en otras ocasiones: opino que los juicios orales tal y como han quedado establecidos en nuestra legislación nos fueron impuestos por organismos internacionales con el objetivo de que México, como los demás países de Latinoamérica, convirtamos a nuestras instituciones en una calca de las de los vecinos del norte; se impusieron muchas formalidades barrocas que no hubieran sido necesarias para una reforma positiva de nuestro sistema de justicia, siguiendo nuestras propias tradiciones al respecto.
En México superamos el sistema de justicia inquisitorial y pasamos al adversarial o acusatorio desde la aprobación de la Constitución de 1917 en Querétaro; quien se tome la molestia de leer los debates al respecto de ese ilustre constituyente, que cumplirá 100 años, verá que una de las críticas más severas al régimen porfirista fue precisamente por los jueces que investigaban los delitos y luego ellos mismos dictaban la sentencia; se adoptó en la Constitución, ya casi centenaria, el modelo en el cual las dos partes, la acusación y la defensa, cuentan con las mismas armas legales para presentar pruebas y alegar ante el juez, quien con toda imparcialidad debe valorar y resolver.
Otra reflexión se refiere a la ceremonia solemne que tendrá lugar la noche de hoy; el Presidente usará un mazo como los que tienen los jueces anglosajones (y ahora también los mexicanos) para golpear sobre su mesa como símbolo de que se ha hecho justicia, se ha dictado una sentencia.
Este acto no carente de solemnidad, no es sólo un gesto, la acción externa obliga a quien blande el mazo a la congruencia; una de las nuevas reglas del procedimiento que se instaura en todo el país consiste en suprimir al mínimo y sólo para casos extremos y delitos graves la prisión preventiva.
Los maestros detenidos en Oaxaca y llevados a Hermosillo con acusaciones fabricadas tendrán, según el nuevo sistema, derecho a enfrentar sus procesos en libertad y no en una cárcel a más de 2 mil kilómetros de su casa. Veremos si prevalece el mazo, símbolo de la justicia, o el tolete, emblema del autoritarismo.
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