Astillero

No te preocupes, Javidú // Impunidad garantizada // También al otro Duarte // ¿Borrón y cuenta nueva?

Julio Hernández López

E

nrique Peña Nieto ha ido creando de manera sistemática, inequívoca y eficaz, las condiciones procesales para que el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, pueda gozar de un proceso judicial de calado menor al que debería corresponderle y, ahora, ya en el tramo final de una administración federal que tuvo muchos puntos de complicidad con la de Duarte, se encamine sonriente a la posibilidad de una liberación condicional y a una sentencia benigna, equiparable a la impunidad.

Aun cuando el tamaño de la monstruosidad criminal desarrollada en Veracruz por Duarte de Ochoa exigiría acciones firmes y bien fundamentadas por parte de la Procuraduría General de la República (es decir, de Peña Nieto, el verdadero instructor de lo que han hecho los procuradores de utilería que ha ido poniendo en esa oficina), lo cierto es que la PGR ha montado un lamentable espectáculo de pifias e incapacidad programadas para beneficiar al amigo Javier, apodado Javidú (en el fondo: una repetición del esquema de perdones desde el poder visto cuando Peña Nieto dijo a Rosario Robles, en abril de 2013, que no se preocupara por acusaciones fundadas de manejo faccioso de recursos públicos, justamente en el contexto veracruzano).

En ese escenario de complicidades mutuamente complacidas, ayer la PGR anunció, con desparpajo insólito, su decisión de no sustentar la acusación original y principal contra Duarte de Ochoa, la de delincuencia organizada, y pedir su reclasificación por el concepto más generoso de asociación delictuosa. La Procuraduría General de Peña Nieto (PGPena), a cargo de Alberto Elías Beltrán, un personaje más manipulable que sus antecesores (Jesús Murillo Karam, Arely Gómez y Raúl Cervantes), hizo saber que no puede fundamentar las acusaciones más importantes, definitorias, contra el citado ex mandatario priísta.

La reclasificación planteada por la PGPena implica varias posibilidades de enorme beneficio para Duarte de Ochoa: la sanción sería menor, podría darse una liberación condicional adelantada, en cuestión de semanas, y, como terrible coronación a mediano plazo, todo el proceso podría venirse abajo, a causa de múltiples errores sembrados, equivocaciones intencionales, desarticulaciones del flanco acusador y el manoseo a conciencia del expediente de extradición que establece que el extraditado sólo puede ser juzgado por los delitos por los cuales fue acusado formalmente por el gobierno peticionario, ni uno más.

▲ INTERCAMBIO COMERCIAL. El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, participó en la Macrorrueda de Negocios de la Alianza del Pacífico, que tiene como propósito generar encuentros directos entre importadores y exportadores, y promete concretar operaciones por 120 millones de dólares.Foto Marco Peláez

La mascarada justiciera que ha hecho el peñismo desde el momento en que fue insostenible la continuidad de Duarte de Ochoa en el cargo, ya con el estado de Veracruz en una crisis inocultable e inmanejable, es parecida a la que se ha desarrollado en otros casos de amigos del poder de Los Pinos, entre ellos el otro Duarte, César Duarte Jáquez, quien fue gobernador de Chihuahua.

A pesar de los expedientes de prueba contra el enriquecido ex mandatario norteño, la administración peñista, en particular por la vía de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ha impedido la extradición de ese priísta distinguido. Recuérdese que hay acusaciones contra Duarte por corrupción, en general, y que está pendiente el tema de la transferencia de dinero federal a las cuentas chihuahuenses para, mediante triangulaciones, destinar esos recursos a campañas del Revolucionario Institucional en estados donde este partido era oposición y, por tanto, no tenía gobernador que financiara las actividades electorales.

El cinismo extremo en el caso de Javier Duarte de Ochoa, dándole virtualmente las llaves jurídicas para que abra las puertas de la cárcel y se coloque fuera de ella, y casos como el del chihuahuense César Duarte Jáquez, son algunas de las herencias que el peñismo deja a un gobierno, el de Andrés Manuel López Obrador, comprometido con una muy criticada amnistía política que, en los hechos, significaría la consolidación de la impunidad de quienes han saqueado a la nación y la fijación de un inadmisible punto de borrón y cuenta nueva a partir del primero de diciembre próximo.

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