Sin razón: el Senado y la PGR

Gabriela Rodríguez

A

nte las impugnaciones contra los nuevos derechos de la Constitución de la Ciudad de México que hicieran hace un año la Procuraduría General de la República (PGR), el Senado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Presidencia de la República, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirma que dichos órganos no tenían razón: acaba de declarar como constitucional la ampliación de derechos, la constitución local puede reconocer nuevos derechos más allá de la Constitución federal. El ministro ponente es de avanzada, congruente con una Carta Magna que reconoce el derecho a la ciudad, al espacio público, a un mínimo vital, al cuidado y al tiempo libre, a pueblos originarios, al uso medicinal de la marihuana, a la muerte digna, así como a los derechos sexuales y reproductivos.

La SCJN muestra su cara más vanguardista al ni siquiera polemizar sobre los derechos sexuales que habían sido impugnados, especialmente por el Senado. El máximo órgano judicial deja intocable la perspectiva de género como transversal, la paridad e igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, así como el derecho a la autodeterminación y al libre desarrollo de la personalidad, que tan pocas constituciones del mundo contemplan. Se mantiene el aval a los derechos incluidos en convenios e instrumentos ( soflaw) internacionales, como los reconocidos en el Consenso de Montevideo, que fueron base para enunciar los derechos sexuales y reproductivos en esta constitución: Toda persona tiene derecho a la sexualidad; a decidir sobre la misma y con quién compartirla; a ejercerla de forma libre, responsable e informada, sin discriminación, con respeto a la preferencia sexual, la orientación sexual, la identidad de género, la expresión de género, las características sexuales, sin coerción o violencia; así como a la educación en sexualidad y servicios de salud integrales, con información completa, científica, no estereotipada, diversa y laica. Se respetará la autonomía progresiva de niñas, niños y adolescentes (artículo 6). El cuarto artículo constitucional avala los derechos que ya forman parte de normas generales y locales, como es el caso del código penal local que despenaliza el aborto hasta las 12 semanas de gestación, la nueva constitución además reconoce que Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, voluntaria e informada tener hijos o no, con quién y el número e intervalo entre estos, de forma, segura, sin coacción ni violencia, así como a recibir servicios integrales para acceder al más alto nivel de salud reproductiva posible y el acceso a información sobre reproducción asistida. Sanciona la esterilización involuntaria y uso de método anticonceptivo forzado, así como la violencia obstétrica (6 inciso F numeral 1).

Desafortunadamente en México una ley avanzada queda encapsulada en la capital, no se generaliza hacia el interior ni se aplica como ejercicio pleno de derechos. El caso del aborto es obvio, con una regulación restrictiva, la única causal legal contemplada en todo el país es cuando el embarazo es producto de una violación sexual; de acuerdo con la Ley General de Víctimas y la Norma de Violencia familiar y sexual, se debe garantizar el acceso al aborto para toda mujer que declare un embarazo producto de violación. La investigación Maternidad o castigo publicado ayer por el Grupo de Información en Reproducción Elegida encontró que en 10 años se han denunciado a 4 mil 246 personas por aborto: más o menos una cada día. En la Ciudad de México han sido denunciadas 894 mujeres y personal de salud (prevé además la suspensión del ejercicio profesional). En los pasados cuatro años 228 han sido sentenciadas y han estado en prisión 136, las sanciones son de hasta seis años, además de multas, trabajo en comunidad y tratamiento sicológico.

Las primeras personas a quienes habría que amnistiar o perdonar hoy debían ser las mujeres encarceladas por aborto y el personal que ofreció ese servicio. Para fortuna de todas y todos, el nuevo gobierno de Morena está abriendo un debate para poder ejercer los derechos sexuales y reproductivos, para que se sancione a agresores y para dejar de criminalizar a las mujeres por decidir sobre su cuerpo y por ejercer su sexualidad.

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