Diputados presentan controversia contra extinción de Luz y Fuerza

La CNDH pacta con electricistas revisar supuestas violaciones a los derechos humanos

Responde el dirigente Martín Esparza a Gobernación: la huelga de hambre no es “por gusto”

Patricia Muñoz y Jesús Aranda
Periódico La Jornada

Miércoles 12 de mayo de 2010, p. 39

Los integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) no están en huelga de hambre “por gusto”. Si hubiera democracia en el país habría respeto del gobierno a las instituciones, a la ley y a los derechos laborales, respondió ayer el líder del gremio, Martín Esparza Flores, al subsecretario de Gobernación, Roberto Gil Zuarth, y sostuvo: “el único responsable de este ayuno masivo es el gobierno de Felipe Calderón”.

Esparza señaló lo anterior en el campamento de huelguistas instalado en el Zócalo capitalino, luego de la visita que hicieron ayer unos 200 miembros de ese sindicato a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). El SME acordó con esa instancia instalar de manera inmediata una mesa permanente para revisar todas las violaciones a los derechos de los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro (LFC). Además, personal de ese órgano realizará una visita a los empleados que se encuentran en ayuno.

Los electricistas también acudieron ayer a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde diputados federales del Partido de la Revolución Democrática (PRD) presentaron una controversia constitucional contra el decreto de extinción de LFC, con el argumento de que el presidente Felipe Calderón invadió la competencia del Congreso al declarar la desaparición de la paraestatal sin el aval del Poder Legislativo.

La demanda que interpusieron los legisladores Ramón Jiménez, Banfredo Vargas y Agustín Guerrero en la oficialía de partes del máximo tribunal tuvo como contexto una manifestación frente a la sede de la Corte, en la que “felizmente coincidieron” integrantes del SME y organizaciones y familiares que demandan la libertad de los presos de Atenco, recluidos en los penales de Molino de Flores y el Altliplano.

Así, confluyeron oradores, pancartas y arengas contra el gobierno de Calderón Hinojosa, al que acusaron de tener presos políticos y dejar en la calle a miles de trabajadores.
El argumento central del recurso jurídico

Los legisladores explicaron que el argumento central de la controversia radica en que Felipe Calderón violó el artículo 73 constitucional, fracción décima, el cual establece que el Congreso es el único facultado para legislar en materia de energía eléctrica. Por ello, el decreto presidencial que liquida dicha compañía en octubre pasado es contrario a la Constitución, ya que no tomó en cuenta a los legisladores.

Cerca de 200 integrantes del SME se manifestaron ayer frente a las oficinas de la CNDH y bloquearon carriles de Periférico Foto Carlos Ramos Mamahua

En ese sentido, el líder del SME planteó que la organización espera que la SCJN cumpla su papel histórico de hacer valer el estado de derecho. Dijo que este miércoles se van a entrevistar con ministros, a quienes van a presentar pruebas de que el gobierno federal “mintió y presentó falsedades” para acabar con una empresa pública y su sindicato.

Indicó que en la CNDH, donde ya habían presentado una queja por violaciones a los derechos humanos, les informaron que la Secretaría de Seguridad Pública Federal no ha presentado su informe justificando el uso de la fuerza contra los trabajadores en octubre pasado. Tampoco el director del SAE ha dado a conocer el reporte sobre las pertenencias, fondo de ahorro y otras prestaciones de los electricistas.

En cuanto a la demanda interpuesta por los legisladores, explicaron que, de acuerdo con la Ley de Entidades Paraestatales, el artículo 15 también fue usado como argumento por el Ejecutivo federal para desaparecer LFC. Para extinguir una empresa descentralizada se deben seguir los mismos pasos que dieron lugar a su creación. Es decir, para conformar Luz y Fuerza el Legislativo modificó en su momento la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, por lo cual, para desaparecerla, tuvo que llevarse a cabo un procedimiento en el Congreso.

Los legisladores aseguraron que, no obstante el tiempo transcurrido –más de siete meses–, todavía están “en tiempo y forma” para interponer la controversia constitucional.