El gobierno decide el tamaño del derecho a la información
Defiende el SAT los intereses del calderonato
Carlos Fernández-Vega
Los mexicanos deben congratularse porque el derecho a la información está garantizado constitucionalmente. También, por la existencia del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI). Por si fuera poco, desde el micrófono oficial cotidianamente se presume la creciente transparencia” en el ejercicio del poder y en la utilización de los recursos públicos, así como el “decidido combate a la opacidad”. Felicidades, pues, pero no se vayan con la finta: una cosa es lo que establece la ley y otra muy distinta la práctica gubernamental.
Desde los tiempos de López Portillo se adicionó al sexto constitucional aquello del derecho a la información, aunque en los hechos la pelea interinstitucional es saber quién desinforma más; con el advenimiento del “cambio” surgió el IFAI, y en 2007 se agregaron algunas frases sobre el mismo tema a dicho artículo de la Carta Magna. Ahora todos los mexicanos tienen derecho a la información, pero el gobierno es el que determina el alcance y decide qué sí y qué no, y hasta dónde llega ese derecho. Algo se ha avanzado sí, porque ahora es posible tener acceso a ciertos legajos y detalles, pero cuando se trata de asuntos verdaderamente relevantes, el inquilino en turno de Los Pinos saca su varita mágica y con un simple movimiento transforma la información pública (y de pasadita cancela el derecho de los mexicanos) en “información reservada”, que mantiene bajo 500 candados (el Fobaproa, para no ir más lejos). Así de sencillo, en este “decidido combate a la opacidad”, según reza el discurso oficial.
Por ejemplo, los mexicanos tienen derecho a saber cuánto recauda el fisco, pero no a quiénes privilegia el gobierno con esos mismos recursos; tienen derecho a saber a cuánto asciende el presupuesto de gastos fiscales, pero no a qué empresas y empresarios se beneficia con todo tipo de exenciones y regímenes tributarios especiales; tienen derecho a ser informados sobre la cancelación de créditos fiscales, pero no a quiénes (nombres), por cuánto (montos) y con base en qué (argumentos). El gobierno, pues, decide de qué tamaño es el derecho a la información que garantiza una señora llamada Constitución.
Como se ha comentado en este espacio, en 2007 el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, decidió cancelar créditos fiscales por cerca de 74 mil millones de pesos en beneficio de un grupo de empresas y empresarios, cuyos nombres se niega a revelar, aduciendo razones de secrecía, “protección de la identidad fiscal” de los beneficiarios y “costo de recuperación muy alto”. Conocida la generosa condonación fiscal, algunos ciudadanos exigieron al organismo público divulgar el inventario detallado de los favorecidos, el monto desglosado y con base en qué tomó tan humanitaria decisión en contra de los intereses nacionales.
Como era de esperarse, el Sistema de Administración Tributaria los mandó a paseo, de tal suerte que los ciudadanos, en ejercicio de su derecho constitucional, recurrieron al IFAI, organismo que actuó en consecuencia: el pasado 11 de marzo ordenó al SAT que abriera el expediente y lo hiciera público (decisión que fue calificada de “hecho sin precedentes”), mandato que el organismo dependiente de la Secretaría de Hacienda simple y sencillamente se pasó por el arco del triunfo, al tiempo que recurrió al amparo –promovido directamente por el titular del propio SAT, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, y un grupo de funcionarios de primer nivel– para que un juez protegiera su negativa a informar.
El IFAI amenazó con denunciar, ante la Secretaría de la Función Pública, a los servidores públicos que abiertamente se negaron a cumplir con la citada orden, pero los del Sistema de Administración Tributaria como quienes oyen llover. Cobijados con su amparo mantienen su postura, y a la comisionada presidenta, Jacqueline Peschard, le mandan decir que le haga como quiera, que de cualquier forma ellos no sueltan el expediente. Así transcurrieron casi dos meses, hasta que el pasado viernes un juez federal revocó el amparo que protegía a los señores del SAT, lo que hasta el momento no lo ha hecho cambiar de postura: el inventario de beneficiarios se mantiene reservado y el grupo de funcionarios en desacato.
De ese tamaño son los intereses que protege el calderonato, de tal suerte que, si bien no se conocen los nombres de empresas y empresarios beneficiados con la cancelación de 74 mil millones de pesos en créditos fiscales, es fácil suponer de quiénes se trata. La propia Auditoría Superior de la Federación hizo el siguiente señalamiento: “otra de las áreas de opacidad verdaderamente preocupantes, es la pésima eficiencia recaudatoria del Estado mexicano, último lugar en la OCDE. Los grandes problemas: un padrón de contribuyentes insuficiente, el sector informal de la economía, el contrabando, la falta de certidumbre jurídica en el marco jurídico impositivo, los créditos fiscales incobrables y la pérdida de juicios para recuperar los grandes volúmenes de impuestos que no se recaudan. Y aquí cabría preguntar: ¿por qué se pierden los juicios? ¿Hay abogados o instancias oficiales que manejan los juicios con toda la intención para que sean perdidos? Ésa es la gran pregunta. Si vemos la cartera de recuperación de créditos fiscales nos damos cuenta de que arriba de 50 por ciento de la cartera de créditos fiscales son incobrables”.
Así es, no ose un ciudadano de a pie dejar de pagar un peso al SAT, porque en cuestión de minutos encima le cae la jauría con órdenes de embargo bajo el brazo. Pero entratándose de los barones mexicanos, todo es generosidad y opacidad. Ese mismo 2007 la propia ASF denunció que en la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente a 2005 se logró documentar que 0.04 por ciento de los deudores de créditos fiscales concentraron 48.3 por ciento del adeudo total por ese concepto, y que la mayoría del débito resultaba “irrecuperable o está en litigio… De lo anterior se desprende que no existe un límite para la determinación de créditos fiscales y que ciertos contribuyentes han omitido sus obligaciones por un tiempo prolongado”. No obstante, “se detectaron contribuyentes con créditos fiscales que en 2005 obtuvieron devoluciones de impuestos por parte del SAT”. Entre los beneficiarios aparecían bancos, televisoras, ingenios azucareros, constructoras, cuatro clubes de futbol, dos empresas de transporte, un partido político, empresas de entretenimiento y comunicaciones, y una compañía editorial.
Las rebanadas del pastel
Entonces, ¿qué sigue, señores comisionados del IFAI?
cfvmexico_sa@hotmail.com - mexicosa@infinitum.com.mx
Desde los tiempos de López Portillo se adicionó al sexto constitucional aquello del derecho a la información, aunque en los hechos la pelea interinstitucional es saber quién desinforma más; con el advenimiento del “cambio” surgió el IFAI, y en 2007 se agregaron algunas frases sobre el mismo tema a dicho artículo de la Carta Magna. Ahora todos los mexicanos tienen derecho a la información, pero el gobierno es el que determina el alcance y decide qué sí y qué no, y hasta dónde llega ese derecho. Algo se ha avanzado sí, porque ahora es posible tener acceso a ciertos legajos y detalles, pero cuando se trata de asuntos verdaderamente relevantes, el inquilino en turno de Los Pinos saca su varita mágica y con un simple movimiento transforma la información pública (y de pasadita cancela el derecho de los mexicanos) en “información reservada”, que mantiene bajo 500 candados (el Fobaproa, para no ir más lejos). Así de sencillo, en este “decidido combate a la opacidad”, según reza el discurso oficial.
Por ejemplo, los mexicanos tienen derecho a saber cuánto recauda el fisco, pero no a quiénes privilegia el gobierno con esos mismos recursos; tienen derecho a saber a cuánto asciende el presupuesto de gastos fiscales, pero no a qué empresas y empresarios se beneficia con todo tipo de exenciones y regímenes tributarios especiales; tienen derecho a ser informados sobre la cancelación de créditos fiscales, pero no a quiénes (nombres), por cuánto (montos) y con base en qué (argumentos). El gobierno, pues, decide de qué tamaño es el derecho a la información que garantiza una señora llamada Constitución.
Como se ha comentado en este espacio, en 2007 el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, decidió cancelar créditos fiscales por cerca de 74 mil millones de pesos en beneficio de un grupo de empresas y empresarios, cuyos nombres se niega a revelar, aduciendo razones de secrecía, “protección de la identidad fiscal” de los beneficiarios y “costo de recuperación muy alto”. Conocida la generosa condonación fiscal, algunos ciudadanos exigieron al organismo público divulgar el inventario detallado de los favorecidos, el monto desglosado y con base en qué tomó tan humanitaria decisión en contra de los intereses nacionales.
Como era de esperarse, el Sistema de Administración Tributaria los mandó a paseo, de tal suerte que los ciudadanos, en ejercicio de su derecho constitucional, recurrieron al IFAI, organismo que actuó en consecuencia: el pasado 11 de marzo ordenó al SAT que abriera el expediente y lo hiciera público (decisión que fue calificada de “hecho sin precedentes”), mandato que el organismo dependiente de la Secretaría de Hacienda simple y sencillamente se pasó por el arco del triunfo, al tiempo que recurrió al amparo –promovido directamente por el titular del propio SAT, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, y un grupo de funcionarios de primer nivel– para que un juez protegiera su negativa a informar.
El IFAI amenazó con denunciar, ante la Secretaría de la Función Pública, a los servidores públicos que abiertamente se negaron a cumplir con la citada orden, pero los del Sistema de Administración Tributaria como quienes oyen llover. Cobijados con su amparo mantienen su postura, y a la comisionada presidenta, Jacqueline Peschard, le mandan decir que le haga como quiera, que de cualquier forma ellos no sueltan el expediente. Así transcurrieron casi dos meses, hasta que el pasado viernes un juez federal revocó el amparo que protegía a los señores del SAT, lo que hasta el momento no lo ha hecho cambiar de postura: el inventario de beneficiarios se mantiene reservado y el grupo de funcionarios en desacato.
De ese tamaño son los intereses que protege el calderonato, de tal suerte que, si bien no se conocen los nombres de empresas y empresarios beneficiados con la cancelación de 74 mil millones de pesos en créditos fiscales, es fácil suponer de quiénes se trata. La propia Auditoría Superior de la Federación hizo el siguiente señalamiento: “otra de las áreas de opacidad verdaderamente preocupantes, es la pésima eficiencia recaudatoria del Estado mexicano, último lugar en la OCDE. Los grandes problemas: un padrón de contribuyentes insuficiente, el sector informal de la economía, el contrabando, la falta de certidumbre jurídica en el marco jurídico impositivo, los créditos fiscales incobrables y la pérdida de juicios para recuperar los grandes volúmenes de impuestos que no se recaudan. Y aquí cabría preguntar: ¿por qué se pierden los juicios? ¿Hay abogados o instancias oficiales que manejan los juicios con toda la intención para que sean perdidos? Ésa es la gran pregunta. Si vemos la cartera de recuperación de créditos fiscales nos damos cuenta de que arriba de 50 por ciento de la cartera de créditos fiscales son incobrables”.
Así es, no ose un ciudadano de a pie dejar de pagar un peso al SAT, porque en cuestión de minutos encima le cae la jauría con órdenes de embargo bajo el brazo. Pero entratándose de los barones mexicanos, todo es generosidad y opacidad. Ese mismo 2007 la propia ASF denunció que en la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente a 2005 se logró documentar que 0.04 por ciento de los deudores de créditos fiscales concentraron 48.3 por ciento del adeudo total por ese concepto, y que la mayoría del débito resultaba “irrecuperable o está en litigio… De lo anterior se desprende que no existe un límite para la determinación de créditos fiscales y que ciertos contribuyentes han omitido sus obligaciones por un tiempo prolongado”. No obstante, “se detectaron contribuyentes con créditos fiscales que en 2005 obtuvieron devoluciones de impuestos por parte del SAT”. Entre los beneficiarios aparecían bancos, televisoras, ingenios azucareros, constructoras, cuatro clubes de futbol, dos empresas de transporte, un partido político, empresas de entretenimiento y comunicaciones, y una compañía editorial.
Las rebanadas del pastel
Entonces, ¿qué sigue, señores comisionados del IFAI?
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