Estado de excepción

Pedro Miguel

Son idénticos a sí mismos: cuando llevan décadas de estar destruyendo, a contrapelo de la ley la industria petrolera nacional, mandan una iniciativa de reformas legales para descuartizarla conforme a derecho; proponen una reforma laboral una vez que los jefes de la Secretaría del Trabajo reconocen de manera pública e impúdica que esa dependencia incumple una de sus tareas primordiales: hacer valer la legislación laboral vigente. Ahora nos enteramos de que los del gabinete de seguridad nacional, basados en un estudio de la Sedena sobre los cárteles, sus brazos armados y la “penetración social” que han logrado, piensan en decretar el estado de excepción en 23 de los municipios más violentos del país. (La Jornada, 10/05/2010).
Una vez más, se trata de formalizar una situación de hecho, porque en las localidades propuestas –entre ellas, Ciudad Juárez, Chihuahua, Tampico y Acapulco– y en buena parte del territorio nacional hace tiempo que se vive la suspensión de las garantías individuales. Por ejemplo: en el desgobierno actual no hay certeza de salir con vida del tránsito por una calle cualquiera, de gozar de la inviolabilidad del domicilio, de transitar libremente, de dedicarse a la actividad lícita que se desee, de escribir y publicar lo que se quiera, de asociarse y reunirse pacíficamente, de no ser privado de la libertad y de las posesiones en forma extrajudicial, de ser presentado ante un juez tras la detención por una autoridad facultada, de tener comunicaciones privadas inviolables, de que se respete el plazo constitucional de 72 horas de detención ante autoridad judicial.
La suspensión de facto de los derechos económicos, políticos, laborales, judiciales y educativos, entre otros, es, primordialmente, fruto de un largo y sostenido esfuerzo realizado por los sucesivos gobiernos a lo largo de tres décadas: sería injusto negarles el mérito.
¿Están prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie? Enteren de ello a Ulises Ruiz ¿La Constitución condena toda incomunicación, intimidación o tortura? A ver si García Luna llega a saberlo. ¿Que toda persona tiene derecho a decidir en forma libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos? Explíquenselo a los ayatolas legislativos que criminalizaron el aborto en las constituciones de varios estados. ¿Que los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia? Mándenle un email con ése y otros pasajes constitucionales a Lozano Alarcón y a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. ¿Que los ministros de culto no podrán oponerse a las leyes del país? Cuéntenselo a Gómez Mont ¿Que está prohibida la discriminación por origen étnico o por género? Expónganselo a los jueces Eduardo López y Rodolfo Pedraza, autor y ratificador de una sentencia de 21 años de cárcel contra tres mujeres indígenas por el “secuestro” de seis policías federales.
Ciertamente, los tres poderes de la Unión y los distintos niveles de gobierno no han estado del todo solos en la tarea de destruir el orden legal. Hace años que los grupos paramilitares vinculados con el tráfico de drogas, el secuestro y otras especialidades derogaron por su cuenta el estado de derecho en quién sabe cuántos cientos de miles de kilómetros cuadrados. Ahora viene el gobierno federal con la idea de dar cobertura, mediante un reconocimiento formal, a esa decisión administrativa de la delincuencia.
No está mal. Sólo que, por básica congruencia, en la aplicación del estado de excepción no habría que empezar por algunos municipios sino por un ámbito institucional más a la mano: el propio gabinete legal, que es en donde más fuerte se ha sentido esa “penetración social” del narco, a juzgar por el dato (Reforma, 10/05/2010) de que el cártel de Sinaloa recibe o recibía información puntual de las investigaciones y movimientos de la Siedo, de la Secretaría de Marina y hasta de la DEA, y que tiene o tenía el catálogo de datos personales, teléfonos y claves de los principales mandos policiales del país.
La modesta propuesta resultante sería, entonces, que si los honorables integrantes del gabinete de seguridad nacional andan con tantas ganas de suprimir derechos ciudadanos, que comiencen por suprimir los suyos propios, y que dejen en paz a la gente de Ciudad Juárez, de Acapulco, de Matamoros y de otras localidades afectadas por la violencia: ya suficientes problemas tienen esos municipios con la presencia del narco como para que el gobierno se empeñe en amargarles más la vida.
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