Memorial de agravios guerrerense

Luis Hernández Navarro

M

aría Araceli Ramos carga en su corazón una doble tristeza. A su padre, Felipe Ramos Cabañas, el Ejército lo detuvo y desapareció durante laguerra sucia de la década de los 70. Y ahora, su hijo, Cutberto Ortiz Ramos, un joven alto, robusto, relajiento, deportista, músico, aspirante a ser maestro, está desaparecido junto a otros de sus 41 compañeros de Ayotzinapa.

Campesina pobre de la comunidad de San Juan de las Flores, en el municipio de Atoyac, tiene junto a su marido una pequeña huerta de café, una milpa y gallinas, que cultiva y cuida con la misma dedicación con que la mantiene viva la memoria de su padre desaparecido por los militares.

A doña María Araceli no le cabe duda. Su desdicha de hoy está emparentada con la que su familia ha sufrido durante 40 años. “Ya sabemos qué se siente pasar por esta tragedia, no saber si están vivos o muertos –dice–. Viene a ser lo mismo de la guerra sucia. Lo sé por mi papá que está desaparecido. A nosotros nada más nos iban contando. Yo estaba chiquita. Por eso me siento mal”.

Su madre piensa igual que ella. “En ese tiempo ­–cuen­ta al hablar de la guerra sucia– fueron nuestros esposos. Muchas madres perdieron a sus hijos. Ahora se está repitiendo. Cutberto es mi nieto. Aquí estamos sufriendo las mismas consecuencias, los mismos dolores, la misma tristeza” (http://goo.gl/szmiPU).

La aflicción y el desconsuelo no dejan a María Araceli Ramos por la desaparición de su hijo Cutberto. A veces sueña con él, en ocasiones escucha que le dice Merry. Pero él no aparece. “Yo –asegura– me siento mal. ¡Odio al gobierno! Es el culpable de todo”.

La continuidad entre la guerra sucia de los años 70 y la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa que hacen la madre y la abuela de Cutberto Ortiz Ramos no es obra de la manipulación de nadie. Proviene de su propia experiencia de vida, de su desgracia familiar, de su memoria histórica. No son las únicas. Lo mismo sucede con muchos otros familiares de los ayotzis atacados el pasado 26 y 27 de septiembre. Para ellos, de la misma manera en que el Ejército ejecutó y desapareció a centenares de personas a comienzos de 1970 ahora desapareció a sus muchachos.

Lejos de resolverse con el fin de la guerra sucia, las agresiones de policías y militares contra la población civil de Guerrero han sido una constante. La lista es interminable. En 1995, en el vado de Aguas Blancas, 17 campesinos pobres fueron masacrados por la policía. En 1998, el Ejército ultimó en El Charco a 10 indígenas y un estudiante de la UNAM. Durante los 35 meses y 11 días que gobernó el estado Rubén Figueroa fueron asesinados 84 dirigentes sociales y políticos opositores. Y a lo largo de la gubernatura interina de Ángel Aguirre fueron ejecutados 60 luchadores populares.

Las agresiones castreneses y los roces con la tropa han sido frecuentes en los municipios de donde provienen los normalistas desaparecidos. Baste un ejemplo entre muchos otros más. El 5 de agosto de 2013, la comunidad de Pericón, en el municipio de Tecoanapa, y sus policías comunitarios retuvieron durante tres días y dos noches a más de 100 militares del 48 batallón, acusando al capitán al mando de vínculos con el narcotráfico y de convivir con grupos paramilitares. En esta comunidad nació el normalista Alexander Mora Venancio, uno de los 43 estudiantes cuyos restos fueron identificados. De Tecoanapa son originarios ocho de los desaparecidos.

La desconfianza de los familiares hacia las fuerzas armadas y su convicción de que participaron en el ataque contra sus hijos es resultado tanto de una larga historia de agresiones militares cometidas desde 1989 contra multitud de ciudadanos (ejecuciones extrajudiciales, tortura, violaciones, esterilización forzada) como de las evidencias con que ellos cuentan.

Como explicó a Carmen Aristegui el maestro Felipe de Jesús de la Cruz, sabemos que los militares participaron en los crímenes del 26 y 27 (de septiembre). Estamos desesperados. Son más de tres meses de angustia, de falta de respeto y de información. Nos están dando largas para que quede en el olvido como otros crímenes. Los padres de familia no lo vamos a permitir: es un hijo lo que nos falta. Los elementos (que tenemos) es el testimonio de los sobrevivientes.

Los elementos a los que Felipe de Jesús se refiere son muchos. Hay más de 10 declaraciones ministeriales que acusan a militares de colaborar con Guerreros Unidos. Varias denuncias señalan que el teniente Vicente Barbosa y el capitán Miguel Crespo participaron en el asesinato y desaparición de los jóvenes, y trabajaban para este cártel. Varios de los inculpados en los crímenes (presos o en libertad) son ex militares.

En una noticia publicada en El Sur de Acapulco (http://goo.gl/dXzTSW) se consigna que cuando se produjeron los ataques, efectivos militares y de la Policía Federal retuvieron a todos los autobuses de pasajeros y vehículos particulares en la entrada a Iguala por la autopista, impidiendo que entraran o salieran de la ciudad. Y, como documentó Proceso, la movilización de los normalistas fue monitoreada por agentes de la administración estatal y federal. El Ejército siempre estuvo informado en tiempo real de lo sucedido.

Omar García, vocero de los ayotzis, ha denunciado que los soldados les advirtieron: “Cállense, ustedes se lo buscaron, querían ponerse con hombrecitos, pues ahora éntrenle, éntrenle y aguántense (…) Dénnos sus nombres verdaderos porque si no, no los van a encontrar”. El mismo Omar asegura que celulares de sus compañeros desaparecidos indican que el 27 batallón de infantería fue el último lugar donde estuvieron.

Afirmar que doña María Araceli Ramos y el resto de los familiares son manipulados o quieren desviar la atención sobre los avances del caso es una ofensa. Por su voz habla un largo memorial de agravios de muchas décadas y evidencias firmes sobre participación militar en el ataque contra sus hijos que no han sido esclarecidas por las autoridades.

Twitter: @lhan55