Gabriela Rodríguez
L
as impugnaciones a la Constitución de la Ciudad de México que organismos federales presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) son una verdadera transgresión a nuestra soberanía. La Procuraduría General de la República (PGR), la Presidencia de la República, el Senado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Tribunal Superior de Justicia capitalino niegan reconocimiento a nuestra autoridad y autonomía como ciudadanos de este territorio capitalino. El poder federal quiere quitarnos a los chilangos, y a las chilangas, la capacidad de definir nuestros propios derechos humanos y de crear nuestras propias instituciones de gobierno.
Burlándose de las capacidades jurídicas de quienes participamos en la construcción de la Carta Magna, quienes encabezan el presente régimen no tienen miedo, lo que tienen es pánico a que se ratifique el texto de la Constitución que aprobamos en enero del presente año. Un texto que busca forjar una nueva cultura política al reconocer la pluralidad y el sentido de vanguardia de la sociedad capitalina. Se recurre a un lenguaje jurídico cuando el debate obviamente es de naturaleza política, se trata de frenar a la verdadera izquierda, a quienes nos oponemos a la voracidad de la élite y a las tendencias neoliberales dominantes.
Estos días estamos frente a las primeras resoluciones que hace la Suprema Corte de Justicia de la Nación ante las impugnaciones que presentó el gobierno federal. Se trata de una discusión histórica y colosal, por primera vez la Suprema Corte estudiará un instrumento fundacional estatal en su totalidad, y con la presión de validar ¡ya! los artículos referentes al proceso electoral. Implicará pronunciamientos jurisprudenciales de gran relevancia: precisar alcances y limitantes del sistema federal mexicano y sus repercusiones en los sistemas educativos y laborales locales, entre otros muchos. Otros temas polémicos son la conformación de órganos de gobierno, los nuevos derechos humanos y la posibilidad de ampliar el parámetro de regularidad constitucional, permitir que los representantes locales podamos valorar como derechos humanos no sólo los que señala la Constitución federal, sino los que aparecen en instrumentos internacionales (y no sólo en tratados), en leyes generales y locales, tal como quedó en el cuarto de la nueva Constitución.
En cuanto a las resoluciones, la SCJN ya nos dio buenas noticias. Con seis votos en favor y cinco en contra, esta semana los ministros revisaron el recurso que presentó la PGR que invalidaba toda la Constitución, porque según ellos no se habían cubierto los requisitos de consulta que mandatan los tratados internacionales. La SCJN avaló el trabajo de la Asamblea Constituyente al asegurar que sí cumplió con el requisito de consultar a pueblos y barrios originarios, y a las personas con discapacidad. Si ese argumento hubiera prosperado, toda la Constitución tendría que haber sido invalidada ¡gran triunfo!.
En relación con la materia electoral las resoluciones no son tan positivas. En cuanto a una impugnación de Morena referente a la necesidad de realizar un referéndum para que la ciudadanía diera su visto bueno a la nueva Constitución local, la SCJN la rechazó por no haber incluido el referéndum en el texto constitucional. Además, ya se avaló la integración de 50 diputados de mayoría relativa y 50 de representación proporcional en el Congreso de la CDMX, por apegarse a la libertad de configuración que cada entidad tiene, la cual parece estar dedicada a restarle fuerza al partido que triunfe en las próximas elecciones en la ciudad, con alta probabilidad Morena, partido que había también impugnado esa configuración. El día de ayer se aprobó la integración de las alcaldías abiertas, con participación directa de ciudadanos/as de las demarcaciones ¡buen avance!, tal integración ya había sido borrada en la ley electoral recientemente aprobada por la Asamblea Legislativa de la ciudad, con lo cual esta ley secundaria pasa a ser inconstitucional. Otra resolución de ayer es para mi gusto desastrosa, diputados del PRI, PAN y PRD de la Asamblea Legislativa ya habían legislado en esa dirección: la SCJN quitó las tres causales de nulidad de las elecciones que estaban contempladas en nuestra constitución: por compra de voto, por violencia de género, por empleo de programas gubernamentales y por desvío de recursos.
Para mí el texto constitucional es una pauta para rescatar a la ciudad de los abusos de poder y de la bárbara concentración económica que ha favorecido la actual administración. La nueva Carta Magna crea mecanismos reales de participación ciudadana que, además de garantizar libertades, derechos sociales y económicos, puede llegar a abatir la impunidad y la corrupción. Veamos cómo quedan el texto después de todos los resolutivos, y luego viene lo más importante: aplicar lo preceptos constitucionales, para lo cual no sólo necesitamos que se deriven leyes secundarias acordes, sino contar con un gobierno que no robe y que se ocupe de gobernar para la gente, que traduzca el articulado en nuevas políticas, instituciones y programas. Habrá que cambiar al partido que actualmente gobierna la ciudad. Morena cuenta con cuatro candidatos muy capaces, este domingo la encuesta decidirá quien va de candidato.
Twitter: Gabrielarodr108
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