martes, 4 de abril de 2023

México SA

 

Movimientos en la SCJN // Córdova, hasta nunca // García Luna, ¿ventilador?

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uy a su disgusto, ayer, oficial, feliz y finalmente, Lorenzo Córdoba y su pandilla dejaron de pertenecer al Instituto Nacional Electoral (INE), lo que de por sí es una buena noticia. Sin embargo, su salida coincide con el inicio del descongelamiento del plan B en las instancias judiciales, lo que, por si hubiera dudas, confirma quién fue, hasta el último segundo, el ignominioso operador en contra de esa reforma y quiénes son sus cómplices en uno de los poderes del Estado mexicano.

Recuérdese que a la velocidad de la luz un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Alberto Pérez Dayán (nominado por Calderón), vetó la primera parte del plan B y días después, uno de sus colegas, Javier Laynez Potisek (nominado por Peña Nieto), hizo lo propio con la segunda. Todo quedó en el aire (en la congeladora)… hasta la salida oficial de Córdova y su pandilla, y a quienes representan. Sólo hasta ese momento comenzaron a registrarse movimientos en el máximo tribunal.

Precisamente ayer, cuando Guadalupe Taddei Zavala rindió protesta como consejera presidenta del INE, por arte de magia se informó que el pleno de ministros de la SCJN decidirá si se mantiene o no la suspensión contra la segunda parte del plan B, concedida por el ministro Javier Laynez Potisek, a petición del INE. El máximo tribunal admitió a trámite el recurso de reclamación 123/2023-CA, contra la admisión de la controversia constitucional 261/2023 del INE, asunto que será estudiado por la ministra Yasmín Esquivel, mientras el 122/2023, por la suspensión que le concedieron, fue encomendado al ministro Juan Luis González Alcántara. Usualmente, recursos de reclamación como éste se resuelven en salas, pero cuando se trata de temas relevantes o de trascendencia, se votan en el pleno, como ocurrirá en estos casos (La Jornada, Eduardo Murillo).

Esto tampoco es garantía, porque, como bien lo ha sustentado Pablo Gómez, actual titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, la suspensión del decreto de reformas a las leyes electorales, ordenada por el ministro Javier Laynez, es un intento de llevar a la SCJN al terreno de una organizada beligerancia política opositora. Se trata de un bloqueo indefinido de la capacidad legislativa del Congreso mediante la habilitación del recurso de controversia contra normas generales que establece la Carta Magna, pero con excepción de las que se refieran a la materia electoral, contenida en el artículo constitucional 105, fracción 1. El grupo que domina (ba) el INE se atrevió a ir a la controversia a sabiendas de que ese instituto carece de posibilidad constitucional para atacar ante la SCJN las leyes electorales emitidas por el Congreso y por cualquier otro órgano legislativo del país. Esto lleva a suponer que hubo un arreglo previo con algunos círculos en el máximo tribunal.

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▲ El juez a cargo del juicio en Nueva York contra el ex secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, admitió ayer un pedido de la defensa para aplazar la lectura de su sentencia hasta el 27 de septiembre. El ex funcionario, en imagen del 9 de marzo de 2012.Foto José Antonio López Pantoja

Además, la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal formalizó ayer su solicitud a la SCJN a fin de revertir los acuerdos avalados por el ministro Javier Laynez para dar entrada a la controversia constitucional que promovió el INE en contra de la reforma electoral, así como la suspensión de su vigencia. Esta instancia advirtió que el máximo tribunal no debió admitir la demanda, debido a que el artículo 105 fracción 1 de la Constitución le prohíbe tramitar este tipo de controversias constitucionales en contra de leyes electorales, como son el conjunto de normas que integran el plan B (La Jornada, Alonso Urrutia y Néstor Jiménez).

Además, dijo que también debió negarse la suspensión promovida por el INE, por contravenir el artículo 14 de la ley reglamentaria (la suspensión no podrá otorgarse en casos en que la controversia se haya planteado respecto de normas generales), por lo que preguntó: ¿Es razonable y congruente que los jueces constitucionales se separen de las prohibiciones expresas que establece la Constitución y las leyes que expide el Congreso de la Unión, así como de sus propios precedentes vigentes y obligatorios?

Entonces, al pleno de ministros no le queda más que revertir la suspensión, porque pedir que sus integrantes se disculpen sería veneno para su soberbia.

Las rebanadas del pastel

De Nueva York llega la noticia: la sentencia de Genaro García Luna (originalmente fijada para el 27 de junio próximo) fue aplazada tres meses por el juez encargado del caso. Entonces, ¿será que al ex brazo derecho de Felipe Calderón le empieza a gustar la idea de encender el ventilador? Mientras, ya ni en España está seguro Borolas.

Twitter: @cafevega

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